Javier Duarte realizó cuestionamientos y pidió aclaraciones en su primera audiencia. (ARCHIVO)
En la primera audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en México después de su extradición de Guatemala, la Procuraduría General de la República (PGR) mostró poca preparación y sólo pudo sustentar el desvío del erario de 38.5 millones de pesos, de los más de 439 mdp que se le acusan.
La PGR estuvo representada por los agentes del Ministerio Público: Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez, quienes cayeron en dudas y contradicciones, tanto que el juez de control, Gerardo Moreno García, señaló incongruencias al expresar que “los números no cuadran, eso está claro”.
Pese a que la audiencia sólo era inicial y sólo se presentaría la imputación, el exgobernador y su abogado adoptaron una estrategia de cuestionar y realizar solicitudes de aclaración.
De acuerdo al diario Reforma, sólo se dedicaron a preguntar y a pedir explicaciones de la imputación, sobre cuáles eran las dependencias estatales de las que supuestamente se desviaron recursos en su beneficio, las fechas de las transferencias, los montos y las empresas a las que se destinaron esos recursos.
Sobre la presunta orden de comprar parcelas en Campeche, tranquilamente Duarte pidió que se aclarara cuántas hectáreas, a quién las compraron y el precio cubierto, pero los fiscales parecían desconocer el expediente ya que no sabían cuántas parcelas habían adquirido los prestanombres para revenderlas a precios exorbitantes en operaciones simuladas, a pesar de ser uno de los datos esenciales del caso, por lo que buscaron uno por uno los datos solicitados tardando más de una hora y cayendo en contradicciones.
La defensa insistió en que se detallara de qué cuentas habían salido los 439 millones 662 mil 979 pesos presuntamente desviados del Gobierno de Veracruz a través de empresas fachada, a lo que los fiscales sólo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Entre las demás inconsistencias que surgieron en la audiencia, la defensa solicitó que se explicara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, valuados cada uno en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes del exmandatario, sin embargo los fiscales dijeron que no tenían los recibos de pago.
Durante la audiencia la PGR tampoco pudo responder si la Secretaría de Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.
El abogado Marco Antonio del Toro, quien encabezó el equipo de cinco abogados de la defensa de Javier Duarte, señaló que “ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando”.
El próximo sábado se realizará la audiencia en la que se decidirá si vincula o no a proceso al exgobernador de Veracruz.
