Bienvenido a bordo gran Palomo
¿Puede el estado evitar los fenómenos naturales, huracanes, terremotos, etcétera? No, pero sí puede y debe prevenir. ¿Puede el estado impedir los errores humanos, la negligencia en un quirófano? No, pero sí puede y debe castigarla. ¿Puede el estado elevar los costos políticos, directos e indirectos, derivados de todas sus acciones, se cae un puente luego que renuncie el presidente? No, pero debe en automático establecer responsabilidades en acciones y omisiones hasta donde tope. También debe tener un termómetro del enojo social, ser sensible.
Padre e hijo encaminados al trabajo, de madrugada, estrenando la muy anunciada obra pública. La tierra se abre debajo de ellos y mueren de asfixia. Una vez más comienzan las evasiones: "Esos incidentes, por la causa que sea, lamentablemente se dan..." ¿Por la causa que sea? Demasiada agua, qué es demasiado. Acaso nunca antes había llovido así. O quizá, por las prisas típicas de la obra pública en México, (véase la autopista a Acapulco) no se hicieron los cálculos debidos. O quizá la empresa constructora incumplió las especificaciones técnicas, en cuyo caso también el gobierno debe responder. "... que nos tengan un poquito de paciencia" dice el titular de SCT. De entrada, el termómetro les falla, los mexicanos están hasta la coronilla de la impunidad. No lo entienden.
Desde abril hubo advertencias de los moradores y las autoridades desoyeron. Se procedió a la remoción de funcionarios menores para apagar el fuego. Fue "la erosión ¿? de una alcantarilla afectada por el exceso de basura... acumulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana..." ¿Basura?, no se podría construir en México. Erosión, ¿en una obra de estreno? ¿Mucha agua?, nada nuevo. Deforestación, la hay en todo el país. Crecimiento urbano, lo hay en todo el mundo. Así, poco a poco, la responsabilidad se diluye. "Fue el subsuelo que se reblandeció... hubo lluvias atípicas". Faltaba el cielo como culpable. Por eso el hartazgo.
Si quieren ser servidores públicos que asuman las condiciones y los riesgos que están en la Constitución y en la ley correspondiente. ¿Por dónde comenzamos?, Jorge Islas (El Universal, 16/07/2017) ha dado los primeros pasos. Se exige justicia, pero qué implica ella. Tiene varias facetas. Lo primero sería la reparación del irreparable daño. Allí ese asunto es concreto, la familia Mena Romero puede demandar al estado mexicano tal y como lo prevé el Artículo 113. Podía haber responsabilidad patrimonial del estado por una actividad administrativa irregular. Se trata de la prestación de un servicio público y corresponde al estado indemnizar. Pero eso es sólo el principio que muchos quisieran ver como final.
En esto tenemos una trágica tradición. Un caso dolorosísimo fue la Guardería ABC del IMSS. El debate llegó hasta la Suprema Corte y aunque la decisión final fue contraria al ascenso de la responsabilidad hasta los niveles más altos, la Dirección del IMSS, se creó un antecedente que puede auxiliar. En un voto de minoría, los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y Arturo Zaldívar, ejerciendo la facultad de investigación, establecieron criterios muy útiles. Lo primero es determinar los deberes legales de los funcionarios competentes. De ahí derivan su incumplimiento. Se debe establecer el alcance de las omisiones y qué tipo de afectaciones se desprenden.
La ruta crítica del razonamiento es clara: establecer un daño imputable a la administración pública por un ejercicio deficiente de sus deberes. Cómo puede el ciudadano tener confianza en sus gobiernos y en las múltiples obras -algunas de gran dimensión como el nuevo aeropuerto de la CDMX- sino se establece un protocolo claro que esté más allá la sensibilidad o insensibilidad de un servidor público o de la percepción que tenga el presidente o sus hombres de cercanía de un suceso. De nuevo una tragedia debería convertirse en un punto de inflexión, para así profesionalizar la administración pública en sus relaciones con la ciudadanía. Esa es la mejor fórmula para despersonalizar los debates. Evitar tragedias como está es responsabilidad del estado. Siempre habrá imponderables, deben ser excepciones. Pero los gobiernos, de todas las denominaciones partidarias, recurren a los imponderables como tarjeta de presentación. Será que no ponderan ni la urbanización, ni la basura, ni la erosión... ni el agua.
El voto de minoría busca una respuesta articulada, de estado, para una ciudadanía adulta que no acepta como responsable sistemático al cielo. Si las autoridades renuevan la obcecación por evadirse, una vez más, será evidente la enorme distancia frente al sentir popular. No secretario, no fue "...un mal rato", fue una tragedia.
