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FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA

GREGORIO VIDAL

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, declaró que la extracción de petróleo se situará por debajo de 2 millones de barriles diarios. En el año actual, la SHCP estima que la extracción de petróleo promedio diaria será de un millón 947 mil barriles, lo que implica una reducción con relación al año anterior de 9.6%. Pemex informa que en el primer trimestre del año la producción promedio diaria de petróleo crudo fue de 2 millones 018 mil barriles. Muy atrás están las cifras de 2009 y 2010, por citar dos ejemplos, con una extracción de petróleo crudo de algo más de 2 millones 600 mil barriles diarios.

En 2018 no se registrarán cambios, por lo que se agregan más problemas para las finanzas públicas. La disminución en la extracción del petróleo crudo afecta directamente el comportamiento del PIB. Pero además de la reducción en el Producto Interno Bruto implica una disminución de los ingresos del sector público que puede ser mayor que la propia contracción del PIB. De enero a mayo del año en curso los ingresos petroleros del sector público, considerando el IMSS, ISSSTE, CFE y los ingresos no tributarios como el remanente de operación del Banco de México, representan el 16% del total. En ese período, dados los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo situados por encima de lo presupuestado, los ingresos petroleros del Gobierno federal tienen un incremento real de 65.5%.

Mientras, los ingresos de Pemex sufren una caída de 6.1%. En el mismo tiempo los ingresos tributarios sólo se incrementaron en 0.2%. El aumento del 21.6% de los ingresos no tributarios del Gobierno federal fue producto de una situación excepcional, los recursos que provienen del remanente de operación del Banco de México, por 320 y mil 600 millones de pesos, que son el 78% de ese rubro. La evolución de la economía en el resto del año y las estimaciones sobre el comportamiento para el año próximo no configuran un escenario en el que exista un incremento importante de los ingresos tributarios. Tampoco se observa aumento de otros ingresos, menos aún en el contexto de una reducción en la extracción de petróleo crudo y con la posibilidad de ajustes a la baja en los precios internacionales del mismo. Por tanto, será más difícil alcanzar las metas de superávit primario y del déficit público. Es el contexto en el que se anuncia un nuevo recorte del gasto público para el año próximo.

En materia de gasto, la reducción en los primeros cinco meses del año en comparación al mismo período de 2016 ha sido significativa. El gasto programable decreció en términos reales en 12.2%, mientras la inversión física del sector público se redujo en 20.7%. Ambos hechos impulsan un menor crecimiento de la economía. Si se agrega el comportamiento de la inversión privada, que tampoco tiene un desempeño positivo, se suman señales negativas en materia de comportamiento futuro del PIB. Los subsidios, transferencias y aportaciones también se reducen en 18.5%. El gasto no programable aumenta, en particular crece el costo financiero para el sector público. Los intereses, comisiones y gastos aumentan en términos reales en el período con relación al año previo en 31.4%. El costo financiero es superior a la inversión física directa que realiza el sector público. Esa diferencia puede crecer conforme avance el año considerando por un lado el alza en las tasas de interés que encarece el costo de la deuda pública y la aplicación de las medidas de ajuste consideradas para el resto del año.

La deuda del sector público sigue creciendo, la mayor parte es deuda interna. Al final de mayo de 2017 es el 64.7% del total. En los meses siguientes el crecimiento continuará y en su caso estará sobre la mesa si se alcanza una mínima baja como proporción del PIB. Sin embargo, ello no implica que el costo financiero se mantenga, por lo que se agrega otro dato que impulsa el ajuste económico. Como se destacó en colaboraciones previas, es un camino que no lleva al crecimiento de la economía y menos aún a reducir la desigualdad social.

Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

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