Es responsabilidad del gobierno garantizar la calidad de las obras que realiza. El trabajo de las autoridades comprende la planeación, el proceso de licitación y contratación de la empresa que llevará a cabo la ejecución, la estricta supervisión y el posterior mantenimiento. La tragedia ocurrida el pasado miércoles en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco evidencia una serie negligencias de parte del gobierno, que debe ser investigada y marcar un precedente para evitar que se repita. La deficiente calidad en la obra pública del país no es un tema nuevo ni ajeno en nuestra región.
El 12 de julio, Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo, perdieron la vida luego de que el vehículo donde viajaban cayó en el socavón que se abrió en esta vialidad inaugurada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 5 de abril.
Ese día, el mandatario presumió los beneficios del Paso Exprés Cuernavaca: terminar con el caos vehicular, la reducción de tiempo en los traslados y elevar la competitividad de la región con una mayor infraestructura. Sobraron los halagos y agradecimientos del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, hacia Peña Nieto.
Ahora, la Secretaría no muestra ese mismo afán de protagonismo. La SCT explicó que el socavón fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla “afectada por el exceso de basura, acumulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana”. Es decir, que no es responsable por el “mal rato” (como lo declaró Ruiz Esparza) que pasó la familia Mena.
Tras la tragedia, se ha dado a conocer que las autoridades locales y vecinos ya habían advertido sobre la baja supervisión en la obra y los riesgos. Sin embargo, el funcionario federal responsabilizó al delegado de la Secretaría en Morelos por la tardanza en informar de las fallas a la empresa y a sus superiores, por lo que fue removido de su cargo.
El cese de un funcionario estatal no es suficiente. Aún quedan pendientes diversas explicaciones, como la asignación del proyecto a la empresa Aldesem, cuyas obras no han dado buenas cuentas. En el caso del Paso Exprés elevó los costos de la construcción de mil 45 millones de pesos a 2 mil 213 millones y entregó la obra hasta abril de 2017 cuando la licitación marcaba como fecha julio de 2016.
La empresa Aldesem es filial de Aldesa, que en España es vinculada con donativos ilegales al Partido Popular por adjudicaciones de obras públicas cumplidas y con sobreprecio. La constructora, que participa en el Túnel Emisor Poniente y la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto, fue la encargada de construir siete puentes y 11 túneles entre el kilómetro 127 y el 147 de la autopista Durango-Mazatlán.
En la llamada supercarretera, Aldesem no cumplió con disposiciones normativas en planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago de las obras públicas, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta importante vía ha estado en constante reparación casi desde su inauguración. Según el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, los trabajos que se realizan actualmente tardarán dos meses más con el fin de que la que carretera quede en buenas condiciones, que dé rapidez y seguridad a usuarios. Sin embargo, los arreglos representan una molestia para los automovilistas, que aumentan en la temporada vacacional.
Es obligación del gobierno supervisar que las obras estén en óptimas condiciones antes de ser entregadas a la ciudadanía. Por ello, se requiere que más allá de las explicaciones y justificaciones que surjan en los próximos días sobre lo ocurrido en el Paso Exprés, se tomen acciones contra todos los responsables y se implementen medidas para prevenir estos hechos que pueden suceder en cualquier obra del país.
