L A votación para sancionar a la Coalición por un Coahuila Seguro por el reparto de tarjetas y el levantamiento de un padrón de potenciales beneficiarios de las mismas durante la campaña electoral de gobernador, desenmascaró al bloque de 5 consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral claramente comprometidos con las directrices marcadas por el Partido Revolucionario Institucional.
El viernes quedó claro lo que ya se había señalado en diversos momentos por varios analistas, al menos, en lo que se refiere a los integrantes del Consejo General que llegaron al mismo con el apoyo del PRI éstos actúan en todo momento más como representantes de dicho partido, que como ciudadanos comprometidos con la plena vigencia de la legislación vigente.
La renovación de 3 integrantes en el Consejo General en abril pasado, incorporó un nuevo miembro a este bloque, que en su conformación inicial en abril del 2014 era únicamente de 4. Y, ahora para obtener, la mayoría únicamente requiere del voto de alguno de los otros 6 consejeros electorales. Pero además le asegura total control en todas las decisiones clave de dicha instancia, donde el voto calificado se estableció en 8 sufragios, que es superior a las dos terceras partes normalmente requeridas.
La segunda, que también trasciende esta elección es el cálculo de los topes de gastos de campaña en cada uno de las entidades federativas. La discusión sobre el rebase en Coahuila ha dejado al descubierto las grandes diferencias existentes en los montos de dichos topes. Van algunos datos para ilustrar esto: en el 2012, el tope de los gastos de la elección presidencial fue de 336 millones 112 mil 084 pesos y en la lista nominal de electores había registrados 79 millones 492 mil 286 electores, es decir, un promedio de 4.23 pesos por elector y 1 millón 120 mil 373 pesos por cada distrito electoral; ni siquiera es importante juzgar en estos momentos sí es poco o mucho, simplemente es una referencia.
En Coahuila el monto para la actual elección fue de 19.2 millones de pesos que equivale a 9.31 pesos por elector y 2.743 millones por cada uno de sus siete distritos federales; en el Estado de México, el tope fue de 285.5 millones, es decir, 25.31 pesos por elector y 7.138 millones por cada uno de sus 40 distritos electorales federales; y en Nayarit, en 20.4 millones de pesos, que arroja 25.09 pesos por elector y 6.822 millones por cada uno de los tres distritos electorales federales. Como puede verse no hay ningún punto de comparación, los números son totalmente arbitrarios y, por supuesto, es lo que permite abrir la puerta para anular la elección a gobernador en Coahuila y validar la elección en Edomex, a pesar de todos los excesos.
La tercera es más específica a esta elección, pero pone en riesgo los dictámenes que votará el Consejo General del INE al reanudar la sesión extraordinaria que interrumpió el pasado viernes por la noche: las normas para definir los montos que se cargan por los gastos no reportados en cada elección no son tan claros, pues el consejero Benito Nacif reconoció a los medios que los modificaron porque al aplicar el monto más alto a nivel estatal se disparaban los costos y ponían en riesgo muchas elecciones. Lo que está en juego es cuál es el monto de referencia en cada una de las elecciones: de gobernador, de ayuntamientos y de diputados. En los cálculos incluidos en los dictámenes aprobados en la Comisión era la más alta a nivel del estado; y, de acuerdo a las declaraciones de Nacif, ahora será a nivel municipio.
Estos cambios de última hora (que es evidente que son de última hora, pues el dictamen ya ha sido modificado en dos ocasiones, ambos por instrucciones de la misma Comisión de Fiscalización) pueden ser revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto al margen de la votación en el Consejo General del INE, donde la mayoría pende de un hilo, precisamente por el bloque tricolor referido en párrafos precedentes.
Habría una cuarta que comentar: las señales que envían a los partidos políticos, de cara a las elecciones presidenciales del 2018, con las diferencias en las votaciones de las tarjetas en los estados de Coahuila y Edomex. En el primero, los votos decisivos para sancionar señalaron que lo hicieron porque el PRI confesó que había conformado un padrón de potenciales beneficiarios; en el segundo, el hecho de que el ciudadano proporcionase sus datos en un apartado desprendible del documento que les entregaban y la falta de confesión del partido, aunque la intención y la presión fuese exactamente la misma, fue motivo suficiente para que cambiarán su voto.
Con este mensaje es evidente que en el 2018 las tarjetas proliferarán o lo que es lo mismo es dar paso franco a la compra y coacción del voto a condición de nunca confesar la culpa. La señal en este caso no es para nada inhibitoria, sino todo lo contrario: simplemente es una cuestión de afinar la implementación de la misma y, además la autoridad electoral, ya les proporcionó la información para poder cometer el fraude a la ley.
El INE y el Tribunal están en un momento crucial de cara a la elección del 2018, sus decisiones serán determinantes para la calidad de la elección del próximo año y, hasta el momento, las señales no son nada positivas, más bien abonan a los escenarios catastróficos.
