Ugalde, por su parte, advierte que los 5 millones de sobregasto que detectó el INE en Coahuila son una parte minúscula de lo que generalmente se rebasan los topes de campaña en todo el país. (ARCHIVO)
Para anular la votación en Coahuila el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá probar, "de manera fehaciente y con pruebas legales", que el PRI pagó a representantes de casilla, y eso "no es tan fácil", afirmó Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia.
El exconsejero presidente de lo que en el pasado fue el Instituto Federal Electoral advirtió que el tope de gastos de campaña en la entidad es muy bajo "y muy factible rebasarlo con sólo sumar dos o tres cosas detectadas en las auditorías".
En Coahuila los candidatos disponían de 19 millones de pesos para gastos de campaña. En comparación, en el Estado de México el tope fue de 285.5 millones de pesos.
Por eso, aunque el Consejo General del INE apruebe hoy el dictamen de su Comisión de Fiscalización que determinó el rebase de gastos de campaña, todavía falta el proceso de impugnación que seguramente enfrentará esa decisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ya el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas, advirtió que la declaración de nulidad sólo corresponderá a ese órgano, porque no es facultad de autoridades administrativas como el INE.
Aclaró que antes de asegurar que la elección será anulada, deben comprobarse las causales previstas en la Constitución. Por lo tanto, dijo, "es un tanto irresponsable advertir que hay nulidades ya en el aire".
Ugalde, por su parte, advierte que los 5 millones de sobregasto que detectó el INE en Coahuila son, en todo caso, "una parte minúscula de lo que generalmente se rebasan los topes de campaña en todo el país".
Por eso, su preocupación apunta hacia otro norte: el origen de los recursos que financian campañas y para lo cual no lo alcanza con la fiscalización la autoridad electoral.
Explica: "La fiscalización del INE es ex post, se basa en los reportes de los partidos, que no reportan la mayor parte de sus gastos porque son efectivo y ni siquiera pasan por la tesorería de los partidos ni por el sistema bancario".
Allí está el problema, afirma, porque esos recursos "muchas veces provienen de gobiernos que están dispuestos a donar dinero a su partido a cambio de impunidad o de contratistas que van tras negocios futuros".
Por eso considera que es necesario revisar todo el modelo de financiamiento. "Primero, hay que evitar el desvío de recursos públicos, que sigue teniendo un amplio margen", dice.
Pero eso no tiene que ver con el INE, aclara, sino con las auditorías superiores estatales, las contralorías, la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, y con todo el sistema de contrataciones públicas.
"Mientras los gobernadores puedan hacer asignaciones directas de obra pública y pueda haber contratos de adquisiciones discrecionales, seguirán pagando favores", afirma.
En cambio, "si hay contrataciones transparentes y legales vamos a cerrar el canal que se usa para pagar fondos de campaña", dice.
Ugalde advierte también que el opaco origen de los recursos sirve para aceitar el actual modelo de movilización electoral de los partidos, porque "las campañas se han convertido en una feria de regalos, dinero y promesas, que es necesario combatir".
En Coahuila, los partidos de oposición acusaron al gobierno de Rubén Moreira de intervenir en la elección del pasado 5 de junio. "Pero también se comenta que gobiernos de otros estados pudieron haber ayudado al PAN".
El problema, a final de cuenta, involucra a todos los partidos, dice.
