Para Thomas Hobbes (Inglaterra, 1588-1679) la razón de ser del príncipe, es decir, del poder político, es impedir el retorno al "estado de naturaleza". Si finalmente el aparato de gobierno exige la obediencia del ciudadano es porque hay un intercambio de libertad por seguridad. La meta es no retornar a una supuesta etapa anterior a la existencia de las instituciones políticas y que el filósofo caracterizó como la interminable "guerra de todos contra todos", donde la convivencia civilizada era imposible y donde, al final, todos, débiles y fuertes, vivían una existencia "solitaria, pobre, brutal, desagradable y breve", (El Leviatán, [1651], 1ª parte, cap. 13).
Pues bien, si Hobbes viniera por aquí y ahora, encontraría que México está acercándose al "estado de naturaleza", especialmente en ciertas regiones donde, literalmente, "el hombre es el lobo del hombre", pues la autoridad ha desaparecido y los rostros de la barbarie se muestran de manera sistemática. Veamos los ejemplos de este mes: el día 1°, en Villa Unión, en Sinaloa, se reportaron 19 muertos en un enfrentamiento entre delincuentes y policías y el ejército. El día 3, en Huehuetlán el Grande, Puebla, un comando que "cobraba piso" ejecutó a nueve personas. El día 5, en Las Varas, Chihuahua, un enfrentamiento entre delincuentes, dejó un saldo de 15 muertos y en Yuriria, Guanajuato, se asesinó a seis personas. Al día siguiente, en el penal de Las Cruces, Acapulco, un choque entre grupos rivales dejó 28 muertos mientras en Cajeme, Sinaloa, acribillaron a una mujer y dos niñas. El día 8 se reportaron nueve homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, tres de ellos colgados de un puente y en Guerrero, la Federación de Cámaras de Comercio publicó un calculó de 150 empresarios o comerciantes asesinados en Acapulco en un año. El lunes 13 se supo de tres ejecutados en Cabo San Lucas y cuatro en Querétaro. Hasta aquí, un período cualquiera en el México de nuestros días, pero que lo asemejan más a un "estado de naturaleza" que a un "estado de derecho".
La cifra de la violencia asesina en México ascendió vertiginosamente en el "calderonato", de 2008 a 2011. Disminuyó con el cambio sexenal pero ya volvió a repuntar. Las cifras recopiladas sistemáticamente por el Semanario Zeta muestran que, entre diciembre de 2012 y enero de 2017, los asesinatos en nuestro país sumaron 90, 649, (Aristegui Noticias, 12 de marzo). En la lluvia diaria de nota roja destacan las masacres cometidas en penales, es decir, precisamente en esos espacios teóricamente dominados de manera total por las fuerzas del gobierno. En febrero de 2016, en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, hubo 49 muertos tras una disputa por el control de la institución; en junio el conflicto se repitió, aunque con menos víctimas. Sin embargo, el tema de la expropiación del control de las prisiones por parte del crimen organizado se mostró en todo su horror en Piedras Negras, Coahuila, donde por años los Zetas se posesionaron del penal en lo que Sergio Aguayo define como ejemplo perfecto de enclave del crimen organizado: un territorio independiente, donde sólo la "ley Zeta" imperaba y donde los reos entraban y salían a voluntad, fabricaban insumos para sus actividades, llevaban y eliminaban a sus prisioneros -alrededor de 150- y en fin, donde eran los amos a ciencia y paciencia de las autoridades formales. Por eso, y por la omisión del gobierno para impedir en 2011 que los zetas asesinaran y desaparecieran a "decenas de personas" en Allende, Coahuila, y destruyeran parcialmente a ese poblado de poco más de 20 mil habitantes, la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, como parte de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (ONU), que se juzgue al gobierno mexicano por crímenes de lesa humanidad, (véase la entrevista a Jacobo Dayán y José Antonio Guevara en Aristegui Noticias, 7 de julio).
Y aquí surge el otro aspecto del problema. No es sólo el crimen organizado sino el propio gobierno el que, no sólo por omisión sino por acción, nos acerca, con su violencia, al temido "estado de naturaleza". Los casos emblemáticos de esta situación, son Tlatlaya, (30/6/14) donde en una sola acción el ejército dio muerte a 22 supuestos criminales. Apatzingán, (6/1/15) donde la policía federal (PF) acabó con al menos 16 civiles desarmados en el palacio municipal. El "Rancho del Sol" en Tanhuato, (22/5/15) donde también la PF, sin tomar prisioneros, ultimó a 42 presuntos criminales. Pero fue la acción de la policía de Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, y que concluyó con ocho muertos, 12 heridos y 43 desapariciones forzadas, lo que mejor simboliza la contribución gubernamental a la atmósfera de miedo en que vivimos.
Hobbes colocó como elementos centrales de su visión del poder justamente al miedo y al deseo de seguridad de cada uno de nosotros para eludir a "una muerte violenta y repentina". Si el Estado no sirve para protegernos a unos de los otros, entonces no tiene el carácter de soberano y, por tanto, razón de ser. No hay duda de que hoy y aquí esa protección es muy deficiente y que el miedo es un elemento dominante de la visión que los mexicanos tenemos de nuestro entorno. Saquemos la conclusión.
RESUMEN: "SEGÚN HOBBES, SI EL ESTADO NO SIRVE PARA PROTEGERNOS A UNOS DE LOS OTROS, ENTONCES NO TIENE EL CARÁCTER DE SOBERANO Y, POR TANTO, TAMPOCO TIENE RAZÓN DE SER".
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