El desempeño del Instituto Nacional Electoral en el caso de la elección en Coahuila que culminó en las votaciones del cuatro de junio pasado, ha tomado un giro inesperado al difundirse información según la cual, el INE considera la posibilidad de anular el proceso bajo el argumento de que los dos candidatos punteros del PRI y del PAN violaron el tope de gastos de campaña, lo que llevaría a convocar a una elección extraordinaria en la que ambos candidatos Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, estarían impedidos de participar.
La resolución pretende pasar por imparcial, pero en esencia lo que busca es eludir el análisis de las cuestiones de fondo que contienen las demandas de nulidad promovidas por la oposición y de este modo, encubrir a los órganos electorales como responsables del fracaso del proceso que incumbe por una parte al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por complicidad con el PRI de los Moreira y su candidato, y por indiferencia culpable e injustificada del Instituto Nacional Electoral (INE).
De este modo, se pretende ocultar los vicios de la elección que estuvieron presentes de principio a fin desde su preparación estratégica en la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, en la acreditación de los representantes de los partidos, en la valoración del Conteo Rápido, en la manipulación del Programa de Resultados Preliminares, y en el traslado irregular del veintitrés por ciento de los paquetes electorales, que propició la violación física evidente de muchos de tales paquetes.
El escenario de anulación referido con anterioridad es una mera hipótesis, puesto que el propio INE difundió en forma deliberada y abierta información que no se puede considerar ni definitiva ni confirmada, en relación con un caso crítico en el que no ha pronunciado una resolución formal, lo que constituye un precedente inusitado que lleva a considerar que se trata de un ejercicio de tanteo del terreno, que hacen los operadores del sistema político con la intención de calcular cuál de los caminos que existen o que puedan ser trazados sobre la marcha para salir de la crisis, les resulta menos costoso en términos políticos. Lo anterior porque las marrullerías del PRI que son la causa de la justa indignación de los coahuilenses, han puesto en riesgo además del pellejo del moreirato, el prestigio del propio sistema electoral a nivel nacional de cara a la elección presidencial del año entrante, así como la permanencia misma del PRI en la Presidencia de la República.
Es evidente que a quienes creen que controlan el amasijo de las relaciones entre poder y sociedad, se les ha hecho bolas el engrudo. De este punto en adelante el costo de mantener a Riquelme en la cuerda floja pasará de ser de caro a impagable, algo así como ha ocurrido con el servicio de la gigantesca deuda pública de Coahuila.
Pase lo que pase, la impugnación del proceso iniciado por los candidatos y partidos de oposición que en la fase posterior a la elección han integrado el Frente por la Dignidad de Coahuila continuará por la vía judicial ante los Tribunales de Estado y Federación, lo que ofrecerá la oportunidad de hacer un ejercicio de análisis sobre lo que el día de las lecciones vivimos en carne propia muchos coahuilenses, como protagonistas y testigos de los hechos.
Con independencia de que la referida resolución del INE que se espera para el viernes próximo se produzca en los términos en que se anuncia o adquiere un nuevo matiz, los ciudadanos de Coahuila no debemos bajar la guardia. El camino de contentillo por el que se quiere conducir al conflicto postelectoral cuyo comentario nos ocupa, no satisface por sí mismo la defensa del voto robado, y tampoco resultan honrados los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que de acuerdo a la Constitución General de la República, rigen en materia electoral.
