Quejas. La Lona se ubica pasando la Dirección de Seguridad Pública, sobre el periférico de Lerdo en dirección a Gómez.
María Dolores Ulloa Ponce, una de las afectadas por el no pago de los terrenos que formaron parte de la ampliación del periférico, hace ocho años busca una audiencia con el gobernador, José Rosas Aispuro Torres.
Como se informó, la familia Ulloa Ponce colocó una lona con consignas contra la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango (Secope) debido a que desde la administración estatal del exgobernador, Ismael Hernández Deras, el Gobierno del Estado no les ha pagado -dijo- sus tierras, las cuales fueron utilizadas para la obra de ampliación del periférico, una de las más promocionadas por ese gobierno.
Lo anterior debido a que otra persona se hizo pasar por el propietario, presuntamente con ayuda -ya sea consciente o por negligencia- de autoridades de ese tiempo del ejido Lerdo y del Registro Público de la Propiedad.
"Hemos andado en muchas partes y nadie nos resuelve, queremos una audiencia con el gobernador pues debe estar enterado de todo esto, es una injusticia lo que nos hicieron", dijo la señora Ulloa.
Esta mujer cuenta con documentos donde consta que su padre, Óscar Armando Ulloa Blanco, ya finado, era reconocido por el ejido Lerdo como propietario desde 1983, y desde el 2000 de dos propiedades en la colonia Francisco Villa Sur, una de 5 mil 332 (metros cuadrados (m2) y otra por mil 150 m2.
Todas las propiedades de ese sector contaban sólo con carta ejidal y no con escrituras al momento en que el Gobierno del Estado de Durango decidió comprarlas con la finalidad de realizar la modernización y ampliación del periférico de Lerdo.
Las propiedades, dice la familia, tenían un costo de siete millones de pesos aproximadamente, mismos que fueron pagados por el Estado a otra persona, un agiotista de nombre Juan Martínez Celada.
