La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en días pasados el Sistema de Alertas de las entidades federativas que clasifica su nivel de endeudamiento, el cual reportó que Coahuila es el único estado con grado elevado, con un foco rojo. Este grado implica que el gobierno de esa entidad no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste de sus finanzas públicas durante el próximo año. El sistema también arrojó la existencia de 10 estados con endeudamiento en observación, en color ámbar, que son Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas. El resto de las entidades tuvieron color verde.
El endeudamiento excesivo del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales, es decir de los estados y municipios, es una de las características más comunes en muchas crisis financieras recientes, en donde se observa también, una gran debilidad del sector bancario. Para expertos en el tema, tales como P.R. Krugman y M. Obstfeld, el riesgo moral entendido como una falla de mercado, resulta de una combinación de garantías del gobierno y de débiles normas de la institución garantizada, que han ayudado a alimentar inversiones excesivamente especulativas en muchas economías en desarrollo. Los economistas sabemos, que en casos donde se presentan crisis financieras, se han observado conductas bancarias irresponsables debido a la posibilidad de recurrir a rescates gubernamentales.
Se acepta que quien otorga créditos tenderá a ser más arriesgado si puede pasar el costo de sus errores al gobierno, en lugar de asumirlo con sus propios recursos. Por otra parte, si un deudor consigue un préstamo fácil sabiendo que podrá declararse insolvente, sin obligación de devolver los fondos, se comportará de manera diferente al caso en el cual asumiera el riesgo de perder su patrimonio. El riesgo moral es pues la tendencia a tomar riesgos demasiado elevados. A nivel país se manifiesta cuando el gobierno asegura a todos los bancos que no van a quebrar, por tanto, tienen el incentivo de otorgar créditos peligrosos. Cuando el gobierno actúa de esta manera, está actuando como un prestamista de última instancia para esos bancos.
Todos los economistas están de acuerdo en que la administración de los servicios de prestamista de última instancia es compleja. En el caso de nuestro país por ejemplo, si los bancos comerciales piensan que el gobierno federal, a través del Banco Central, los va a financiar, es decir los va a rescatar, colocarán créditos excesivos, riesgosos, imprudentes. En esta situación, el Banco Central debe hacer compatible sus servicios de prestamista de última instancia con la condición de que exista una administración eficaz.
Para decidir cuando los problemas de los bancos no son fruto de ellos mismos, por aceptar irresponsablemente riesgos excesivos, el prestamista de última instancia, debe entonces estar comprometido en el proceso de inspección de éstos. Ahora bien, la pregunta obligada para el caso de nuestro país sería la siguiente: ¿Qué puede hacer un gobierno como el nuestro para contrarrestar la crisis financiera de al menos once entidades federativas, y enfrentar los problemas de riesgo moral de una parte importante del sistema bancario mexicano? De las enseñanzas de un curso de economía de las crisis financiras conducido por el profesor Iwan Azis de la Universidad de Cornell, al cual tuve oportunidad de asistir, extraigo cuatro recomendaciones: (1) imponer severas regulaciones a los bancos y a los estados y municipios, (2) proporcionar una red de seguridad, por medio de un sistema de seguros de depósitos, (3) actuar como prestamista de última instancia inyectando fondos, (4) mejor la supervisión. Sin embargo, los puntos (2) y (3) pueden también reforzar el problema de riesgo moral aún más.
Ante la gravedad del problema, la Secretaría de Hacienda debe fortalecer, como lo ha externado recientemente, el Sistema de Alertas, esto es: obligar a las entidades federativas y a los municipios a llevar a cabo acciones claras en materia de transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo, facilitar el seguimiento por parte de la sociedad en general.
(Economista)
