Debido a su importancia, la problemática de los sistemas de pensiones y jubilaciones, incluyendo los de las universidades públicas estatales, es frecuentemente objeto de análisis por parte de expertos y motivo de reflexión para la sociedad.
Para abordar este problema es necesario reconocer que la fragilidad financiera de los regímenes de pensiones y jubilaciones está presente en prácticamente todos los sistemas de pensiones del país. El problema universal de los sistemas de pensiones se debe paradójicamente a la mejora en uno de los indicadores básicos del desarrollo, el incremento en la esperanza de vida, así como a otros factores como el bajo nivel de aportaciones y la inexistencia de un salario regulador, entre otros.
En el caso de varias universidades, los pasivos contingentes de sus sistemas de pensiones constituyen sin duda alguna una amenaza a su viabilidad financiera. Esta situación es insostenible en un escenario en donde debe ampliarse la matrícula e incrementar la calidad de los servicios educativos, además de generar y aplicar el conocimiento y atender demandas del desarrollo regional.
Los sistemas de pensiones de las universidades públicas estatales representan un gran reto dada la heterogeneidad en los beneficios que otorgan y su responsabilidad parcial o total en su sostenimiento. En este contexto, estas instituciones, con una gran sensibilidad y solidaridad de sus autoridades y representaciones sindicales, han sido de las primeras en el país en aceptar el problema y tomar medidas correctivas, siendo las que a la fecha han logrado el mayor número de acuerdos para reformar sus sistemas de seguridad social.
En el año 2002 la SEP y la ANUIES, diagnosticaron mediante valuaciones actuariales estandarizadas la situación de los sistemas de pensiones universitarios, encontrando que la mayoría de ellos era inviable financieramente, por lo que se logró compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer el Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, cuyos recursos han sido destinados para apoyar los procesos de reforma de los sistemas de pensiones.
Durante el período 2002-2016, los recursos de este Fondo han permitido que 27 universidades públicas estatales concretaran reformas significativas, algunas de ellas de segunda o tercera generación, con lo que se ha logrado disminuir los pasivos contingentes y extender los períodos de suficiencia de los fondos de pensiones. En su conjunto, estas reformas han generado un ahorro para las universidades públicas estatales de más de $593 mil 300 millones a valor presente.
En la ANUIES reconocemos la urgencia de atender la problemática de los sistemas de pensiones en el país, incluidos los de las universidades públicas estatales, por lo que saludamos el diálogo y la búsqueda de propuestas viables para asegurar la viabilidad financiera de los mismos.
En el caso particular de las instituciones de educación superior, es imperativo que en el 2018 se asignen recursos al Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales a fin de continuar emprendiendo acciones para asegurar la suficiencia financiera de sus sistemas de pensiones y con ello generar certidumbre a sus trabajadores sobre los beneficios que recibirán al retirarse. De este modo, las instituciones de educación superior podrán concentrarse plenamente en la misión que les ha encomendado la sociedad: brindar una educación de calidad, incluyente y pertinente que apoye el desarrollo económico y social del país.
