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Caso Coahuila, a la Corte de La Haya

El informe que hoy se presenta a la Corte de La Haya se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y especialmente los expedientes de 73 víctimas. (ARCHIVO)

El informe que hoy se presenta a la Corte de La Haya se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y especialmente los expedientes de 73 víctimas. (ARCHIVO)

RENÉ ARELLANO

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), respaldada por más de 80 asociaciones civiles, presentará hoy un informe-denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, en el que detalla crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Coahuila por autoridades en complicidad con el cártel de los Zetas.

En el documento, publicado ayer, se consigna que dentro de Coahuila ha operado una estructura que permite y tolera activamente los ataques contra la población civil, y establece que la situación de violencia no es ocasional, ni exclusiva de los cárteles de la droga.

"Después de evaluar la información recopilada, los autores del informe concluyeron que a partir del (periodo) 2009-2011/2012, las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la ley conspiraron con los Zetas para cometer crímenes contra la humanidad", dice la FIDH a través de un comunicado.

"Además, las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la ley usaron fuerzas especiales para cometer crímenes contra la humanidad de 2011/2012-2016".

La FIDH asegura que el informe que hoy se presenta a la Corte de La Haya se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y especialmente los expedientes de 73 víctimas. Los casos incluyen las masacres de Allende y del penal de Piedras Negras, calificados ambos como crímenes contra la humanidad.

Sobre "la matanza por parte de los Zetas de entre 60 y 300 residentes en Allende en marzo de 2011, la evidencia sugiere que no sólo el municipio sino también el gobernador de la época estaban al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.

Y sobre el caso del exterminio de unas 150 personas en la prisión de Piedras Negras, el documento dice que "bajo la responsabilidad del gobierno del Estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012".

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