Durante los últimos años, quizá en lo que va del presente siglo, en La Laguna se ha empezado a conocer más acerca de las áreas naturales protegidas a las cuales se les identifica como lugares o espacios geográficos que destacan por dos razones: primera, por el importante capital natural que albergan, y segundo, por los servicios ambientales que prestan a la población.
En La Laguna tenemos cinco áreas naturales protegidas, con mayor antigüedad está la Reserva de la Biosfera Mapimí, decretada hace cuatro décadas, y de manera reciente se crearon la Reserva Ecológica Municipal de Jimulco (2003), el Parque Estatal Cañón de Fernández (2004) y las Áreas Voluntarias Villa de Bilbao y Tomás Garrido (2015): Ellas abarcan una superficie que apenas alcanza un 7 % del territorio lagunero y constituyen los últimos reductos donde la naturaleza aún no ha sufrido alteraciones importantes por la presencia humana.
Las áreas naturales protegidas son la principal estrategia que a nivel mundial se ha establecido para la protección del capital natural, particularmente de los ecosistemas naturales y la biodiversidad que éstos albergan (flora y fauna silvestre), estrategia que se ha incorporado en la legislación y política ambiental mexicanas hasta cubrir casi 25 millones de hectáreas del territorio nacional, decisión acertada si consideramos que México es uno de los cinco países megadiversos del planeta.
Pero estos esfuerzos por proteger el capital natural no han sido tersos sino sinuosos, han enfrentado los intereses que se asocian con el uso de los recursos naturales existentes en los espacios protegidos. Áreas naturales protegidas emblemáticas a nivel mundial como el Parque Nacional Doñana en España, Los Galápagos en Ecuador o Cuatrociénegas en México, tienen una historia marcada por los conflictos de quienes no han comprendido la importancia de conservar la naturaleza, sea por ignorancia o ambición, encontramos funcionarios públicos, empresarios y propietarios de terrenos que toman decisiones erróneas en la gestión o uso de esos recursos.
En las áreas naturales protegidas de La Laguna esto no ha sido la excepción, como se observa en el Parque Estatal Cañón de Fernández, espacio que se declara como tal por el Congreso del Estado de Durango a iniciativa de académicos, ciudadanos y servidores públicos de la región con la finalidad de que se destine a ser un refugio de la vida silvestre. Desde su creación y a iniciativa del gobernador en turno, la administración del parque se transfiere al organismo civil Prodefensa del Nazas, con la promesa de que se le asignarían recursos para que realizara una gestión ciudadana.
Si bien la promesa se cumple a medias, quienes integramos ProdeNazas hemos hecho un esfuerzo por conservar el capital natural de este ecosistema acuático-terrestre, particularmente conteniendo las amenazas que enfrenta basados en la reglamentación existente y en un Plan de Manejo elaborado por nosotros y validado por la Secretaría de Medio Ambiente de Durango, el cual si bien no fue publicado esta entidad oficial lo reconoció como instrumento rector para gestionar esta área natural protegida.
Al ascender la actual administración estatal se declara por funcionarios que la conforman que a partir de ese momento la Secretaría de Medio Ambiente administrará el parque, concluyendo el ciclo de gestión ciudadana que se mantuvo por más de una década y se decide actualizar el Plan de Manejo contratando los servicios de una institución educativa de nivel superior para que lo elabore. Como lo establece la normativa para estos casos, dicho plan debe someterse a consulta con aquellos actores que se han involucrado en la gestión o uso de los recursos en el área.
Al revisar el proyecto de nuevo Plan de Manejo, los integrantes de ProdeNazas hicimos observaciones sobre los vacíos y omisiones que presentaba, mismas que fueron reconocidas y que esperábamos se incorporaran en el documento final, como también esperábamos se nos regresara para denotar si habían sido subsanadas o si no fuera así escuchar las razones por las cuales no ocurrió. Lamentablemente nunca recibimos ni siquiera una versión ejecutiva de la propuesta final, sólo se nos invitó a escuchar una presentación días previos a que se sometiera a aprobación en el Consejo Asesor del parque.
Entendemos y compartimos que haya premura por concluir este proceso de validación del Plan de Manejo, aunque ésta se observa al cuarto para las doce, la integración de este documento rector no es poca cosa puesto que regirá la gestión del área natural protegida cuando menos por cinco años. Debe someterse a consulta hasta construir un consenso sobre las directrices, zonificación y otros elementos que contiene y sobre los cuales abordaremos en este espacio en otra ocasión una vez que revisemos la versión final.
Por razones obvias como integrantes de ProdeNazas nos interesa esa versión final que aprobará el Congreso del Estado, pero también nos preocupa que la versión preliminar no se haya consultado debidamente con los ejidos que tienen la propiedad de los terrenos que forman parte del polígono del Parque Estatal, puesto que si en el plan se determinan directrices sobre los usos de los recursos naturales en ellos existentes, es necesario que se considere su opinión al respecto, particularmente de Nuevo Graceros, el Refugio y La Loma. También creemos importante la opinión de la Comisión Nacional del Agua que tiene la custodia de la franja federal ribereña.
Decidir en una reunión la aprobación del plan sin haber construido un consenso con los principales actores locales involucrados es una omisión que no se puede soslayar desde el gobierno del estado, habrá que conocer su opinión y saber si desde la capital del estado se está validando un proceso de consulta en el que persisten tales vacíos y omisiones. Ojala que quienes lo aprobaron hayan revisado responsablemente la versión final, y que los funcionarios que operaron la consulta den su versión pública del caso.
