Durante esta última semana, en el Estado de Coahuila han resurgido cuestiones que estuvieron momentáneamente eclipsadas primero por las elecciones locales, y después por el conflicto postelectoral que aún permanece irresuelto. La realidad cotidiana termina por imponerse, con la reaparición del rostro amenazante de la megadeuda que de hecho siempre ha estado presente en el pago de los intereses cada mes, carcomiendo las finanzas públicas y el espíritu de los coahuilenses.
La vana intención de dar la vuelta a la página en este tema resulta imposible, porque después de que se han abonado más de veinte mil millones de pesos al servicio de la deuda, el saldo de capital ha aumentado para ubicarse en treinta y siete mil millones doscientos mil pesos. La cantidad referida incluye un crédito de corto plazo por trescientos cincuenta millones adquirido a última hora, que según la Secretaría de Finanzas será invertido en obra pública, aunque como es costumbre el vocero de la dependencia no precisó de qué obras se trata.
Otra vertiente de ajuste de la megadeuda en la recta final del actual sexenio, implica la reestructuración de un crédito por dos mil treinta y seis millones de pesos que se transfiere de Banco Santander a Interacciones, el Banco de los hermanos Hank Rohn, que de esta suerte convierte la cuestión en asunto de la familia priista a nivel nacional. Negocio redondo. Los Hank financian gobiernos estatales cuyos recursos fluyen en apoyo del gasto electoral, para mantener al PRI de las regiones en el poder en forma indefinida.
Por ello tampoco extraña que en el semáforo de clasificación de las deudas de los estados que publicó en días pasados la Secretaria de Hacienda, la deuda de Coahuila sea la única pintada de rojo emergencia, por encontrarse cuatro veces por encima del promedio per cápita respecto del resto de las entidades federativas. Las malas noticias que todo lo anterior implica no vienen solas, sino que se presentan asociadas a la Ley del Sistema Anticorrupción aprobada en Coahuila la semana pasada, en términos que pretenden asegurar impunidad para los Moreira y sus cómplices a perpetuidad.
Esta realidad pavorosa enfoca la atención de los coahuilenses en la anulación de las elecciones del cuatro de junio pasado y alienta la celebración de nuevos comicios para abrir el único camino posible de regeneración de nuestra vida pública, a través de la anhelada alternancia. Lo anterior porque urge hacer las cosas de manera distinta a la forma y fondo en que se han hecho en los últimos doce años, que incluya un manejo transparente de los recursos públicos con vista al futuro y un proceso de justicia en contra de los responsables del robo de dinero público de cara al pasado.
Entre tanto el Moreirato mantiene la política del avestruz y esconde la cabeza como si nada estuviera pasando, renovando las viejas cortinas de humo de siempre. A ello corresponde la iniciativa de ley que mandó el lunes pasado Moreira Rubén al Congreso para prohibir las peleas de gallos, y la celebración de conciertos y bailongos masivos en diversas poblaciones del Estado con el pretexto de celebrar un resultado electoral que constituye un fraude escandaloso, que tiene de luto a coahuilenses de todos los signos partidistas incluidos muchos priistas.
Contrario a lo que quisiera el PRI de los Moreira, la resignación y olvido del fraude electoral en Coahuila no ofrece un camino viable ni a la dignificación de la política, ni a la regeneración del tejido social, ni siquiera a la restauración de las formas más elementales de convivencia. El intento de permanencia que alienta el Moreirato en el poder es tan inútil, como vano ha resultado el empeño de dar la vuelta a la página de la megadeuda de Coahuila.
