En medio de un intenso debate y protestas de un sector de la sociedad civil organizada de Coahuila, la semana pasada se aprobó el paquete de reformas constitucionales para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que debe ser la réplica del sistema nacional que ya se encuentra en proceso de instalación, aunque también con reclamos y cierta polémica.
Contrario a lo que ocurrió en otros estados, como el vecino Durango, en Coahuila se levantaron voces críticas para denunciar que la iniciativa enviada por el gobernador Rubén Moreira al Congreso local adolecía de varios problemas que a la larga impedirían una adecuada rendición de cuentas, que es el objetivo final del sistema.
Más de cien organismos ciudadanos y empresariales conformaron la Alianza Anticorrupción Coahuila con la finalidad de proponer cambios más agresivos para darle mayor autonomía a los instrumentos del SEA. Al final, los diputados del PRI, que fueron los que con su mayoría absoluta en el Congreso aprobaron el paquete de reformas, atendieron a 10 de las 14 recomendaciones o sugerencias de la sociedad civil organizada.
No obstante, la aprobación generó críticas de quienes creen que no se tocaron los asuntos torales para dar al sistema la suficiente fuerza para combatir uno de los lastres más grandes del país: la corrupción. En principio, señalan que se dejó fuera la propuesta de revocación de mandato, que permitiría accionar mecanismos para destituir a un gobernante estatal o local cuando existan elementos suficientes para asegurar que no ha hecho bien su trabajo.
En contraste, se resaltó la eliminación del fuero constitucional a los servidores públicos estatales, incluidos los legisladores locales, una medida que no estaba incluida en el modelo nacional, al igual que la revocación, pero que fue impulsada por la Alianza, además de partidos y candidatos.
El SEA contempla la creación de una serie de instituciones tales como el Consejo de Participación Ciudadana, el Comité de Coordinación, el Tribunal de Justicia Administrativo y los fiscales general y especializado en el combate de la corrupción. Los puntos centrales de lo aprobado por los diputados locales son dos: la eliminación total del fuero y la falta de autonomía de los fiscales, piezas clave del sistema.
Respecto al fuero, cabe mencionar que esta figura surgió como un mecanismo de protección de legisladores y alcaldes de partido distinto al del gobernador contra los abusos que el Ejecutivo estatal pudiera cometer. Cierto es que la figura se ha pervertido al grado de que algunos la utilizan como patente de impunidad. Pero la eliminación total tal vez no haya sido el camino más apropiado, porque la tentación de que un gobierno estatal actúe contra quienes desde el Congreso o desde un ayuntamiento lo critican es muy alta. Una salida intermedia hubiera sido lo más prudente; impedir el abuso de la figura sin perder la protección frente al poder.
En cuanto a la autonomía de los fiscales, se puede decir que es el punto medular de todo el sistema. Si los fiscales siguen subordinados a la autoridad del gobernador ¿cómo se puede garantizar que actúen con independencia, probidad y solvencia en casos en donde el acusado sea el propio titular del Ejecutivo estatal o sus colaboradores más cercanos? Alcaldes y legisladores sin fuero frente a fiscales ligados u obedientes al gobierno estatal puede resultar un escenario peligroso.
