Cuestionaron parte de las reformas aprobadas el miércoles por el Congreso de Coahuila para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y pidieron que se les dé autonomía a los fiscales general y anticorrupción. (ARCHIVO)
Organismos ciudadanos y empresariales cuestionaron parte de las reformas aprobadas el miércoles por el Congreso de Coahuila para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y pidieron que se les dé autonomía a los fiscales general y anticorrupción.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila-Sureste, Luis Arizpe Jiménez, que forma parte de la Alianza Anticorrupción, un frente formado por más de cien organizaciones, dijo que "de las peticiones que hubo de parte de la ciudadanía, no fue del todo satisfactorio, pues no garantiza la autonomía de los fiscales. Nosotros solicitábamos que la ciudadanía propusiera candidatos y que el Congreso los escogiera, pero no lo autorizaron", dijo.
Comentó que organizarán foros a los que invitarán a los diputados de la próxima legislatura estatal, que inicia el 1 de enero, y que solicitarán cambios en la legislación para dotar de autonomía al fiscal general y al fiscal anticorrupción, figuras creadas dentro del SEA. "No es una lucha que ya se terminó", dijo.
Por su parte, Moisés Picazo, integrante de la asociación Información y Participación Ciudadana (IPAC), dijo que como se aprobó, el sistema "no va a combatir la corrupción y la impunidad, al contrario, está hecha a modo para que se oculte toda la corrupción y toda la impunidad que hemos padecido durante estos 12 años".
Dijo que en breve harán un llamado a la sociedad civil para que brinde su apoyo para poder "echar abajo esa medida (...). Es cosa que también nosotros como sociedad civil no dejemos de actuar".
Alejandra Wade, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), también integrante de la Alianza Anticorrupción, opinó que la reforma "no garantiza autonomía e independencia en los puestos clave que tendrán la tarea de investigar y sancionar los hechos de corrupción".
Respecto a la ruta a seguir, propuso: "podemos exigir un trabajo profesional, demandar resultados, denunciar hechos y evidenciar en todas las formas posibles el ejercicio indebido del servicio público. Haciendo pública la información, realizando solicitudes de información y presentando denuncias formales". (Con información de P. Sánchez y G. Miranda)
