Acusan. César Duarte es acusado de destinar dinero del erario con fines electorales para el PRI.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó al juez correspondiente orden de aprehensión contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, además de que ejerció ya acción penal contra otros exservidores públicos por presuntos delitos en la materia.
En conferencia de prensa el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, informó que se detectó un presunto financiamiento ilegal, a partir de descuentos a funcionarios del gobierno estatal, el cual era dirigido a un partido político. Expuso que el financiamiento se integró a partir de descuentos a las compensaciones a jefes de departamento y superiores, recursos que eran retenidos por la Secretaría de Hacienda de gobierno del estado "para efecto de ser entregado al Partido Revolucionario Institucional (PRI)".
El monto se retenía en una cuenta bancaria que era manejada por el entonces Director de Recursos Humanos de Hacienda, desde donde se emitieron cheques en 2015 los cuales se enviaron a una empresa de caracter mercantil, para que se hicieran cobros en efectivo cuyo importe era entregado al instituto político.
Detalló que el monto de lo entregado ese año asciende a 14 millones 609 mil 583 pesos, pero "se sigue investigando para llegar al monto total de los 79 millones y poder ejercer la acción penal por la totalidad de los recursos".
Por el presunto desvío de recursos estatales hacia el PRI en Chihuahua, cuatro ex funcionarios ligados a César Duarte fueron vinculados a proceso.
El juez de distrito Amílcar Asael Estrada Sánchez, procesó a Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda; Jesús Olivas Arzate, exdirector de Egresos; Ángel Mezquitic Aguirre, exdirector de Programación y Control de Pagos, así como a Pedro Mauli Romero, exsecretario de Finanzas y Administración del PRI.
Los cuatro enfrentarán el proceso en libertad. En una próxima audiencia se analizará el caso del exgobernador y de la diputada Karina Velázquez, exdirigente estatal del PRI.
El Ministerio Público de la Fepade solicitó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.
La Fepade imputó a los cuatro acusados sólo por 14 millones de pesos, correspondientes al proceso electoral federal de 2015.
Sin embargo, los desvíos denunciados durante el Gobierno de Duarte suman 79 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia presentada por Rocío Stefany Olmos, Secretaria de la Función Pública en la entidad.
