Explicación. Homero Ramos Gloria aceptó que tienen equipo, pero no para espiar.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), Homero Ramos Gloria, reconoció que el gobierno del estado adquirió en 2014 un aparato para la unidad antisecuestro, no obstante, negó que fuera un equipo de intervención telefónica y explicó que se trata de un localizador.
"No son equipos de intervención sino los que se utilizan en muchos estados, que son adquiridos a través de las secretarías ejecutivas de cada uno, no son para espiar son localizadores", pero no supo explicar cómo se lleva a cabo la localización, al señalar que la operación corresponde a la unidad de combate al secuestro. "Lo ignoro, yo no soy especialista en el uso de esa tecnología, tendría que ser la unidad de antisecuestros, que es el único que lo utiliza".
Por otro lado, dijo desconocer cuántos recursos fueron invertidos en éste y qué características contempla, al asegurar que esas tareas corresponden sólo a la secretaría ejecutiva.
Reforma publicó que el Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila posee desde 2014 un equipo para intervenir teléfonos celulares y determinar su ubicación.
El equipo fue adquirido el 29 de septiembre por 16 millones 658 mil pesos a la empresa Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V.
La transacción quedó asentada en el contrato SFIN-DGA-AD-058-14/001 y lo realizó la Subsecretaría de Administración a través de la Dirección General de Adquisiciones del Gobierno del Estado.
Hace más de una semana se dio a conocer que periodistas y activistas presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de espionaje a sus teléfonos con un malware llamado Pegasus,
Ante ello varios organismos se pronunciaron en contra del espionaje, los cuales exigieron detener estas prácticas, así como justicia para los afectados.
Controversia
Lo que publicó Reforma:
⇒ El equipo fue adquirido el 29 de septiembre por 16 millones 658 mil pesos a la empresa Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V.
⇒ Periodistas y activistas presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de espionaje a sus teléfonos.
