A Ximena y Juan Pardinas
Debemos convivir con él, es un mal necesario. Alguien debe perseguir a los delincuentes; alguien debe velar por nuestra seguridad; alguien debe detentar el uso legítimo de la violencia; alguien debe organizar las disputas entre los ciudadanos y encauzarlas por la vía legal; alguien debe detener a los enemigos de la sociedad, sean narcotraficantes o terroristas. Alguien debe de encargarse del trabajo duro que toda sociedad requiere para garantizar su supervivencia.
Ese alguien no tiene un rostro único sino múltiples rostros concretos, de personas con nombre y apellido, de aquellos que encarnaran esas funciones. A todo ese conjunto abstracto de responsabilidades y de obligaciones muy delicadas, le denominamos genéricamente el estado. Hobbes argumentó a favor de esas necesidades que obligaban a la constitución de un gran monstruo: el Leviatán. En la portadilla de su célebre libro de 1651 se puede observar al monstruo con rostro de ser humano, coronado, con el cetro, símbolo del poder en la mano izquierda y la espada, la fuerza, en la derecha. El cuerpo de ese gigante que resalta por arriba de la ciudad y de las montañas, está constituido por infinidad de seres humanos.
Al estado como tal nadie lo ha visto dar la vuelta a la esquina, pero sus representantes son terrenales. Policías, investigadores, jueces, carceleros, militares y... espías. Son esos representantes los responsables concretos del lado a veces monstruoso del estado: poder someter o detener a una persona, poder incluso, en circunstancias extremas, cegar la vida. Por esa faceta terrible del quehacer necesario de todo estado, es que John Locke levantó la voz para exigir límites al monstruo; llámense contrapesos institucionales, leyes, protocolos y todo tipo de controles a burócratas, policías, militares y ahora… espías. En esos controles radica la verdadera fortaleza de un estado que puede operar sin aplastar. El estado tiene la obligación de mantener el orden público e incluso, si es necesario, emplear la fuerza, pero con reglas. Si las violenta y viola derechos humanos, incurre en barbarie.
Pasan años, décadas y el estado mexicano es incapaz de garantizar el cumplimiento de sus deberes de acuerdo a normas y protocolos. Por eso los mexicanos desesperan ante la inacción de la fuerza pública, porque los responsables con frecuencia permiten que se pisoteen los derechos ciudadanos temerosos de usar cuerpos policiacos que se desbocan y atropellan. Por eso tenemos un estado débil, inundado de impunidad, porque hemos sido incapaces de lograr la profesionalización de las acciones básicas del estado. La historia es larga: la represión a los ferrocarrileros a finales de los cincuenta, los médicos de los sesenta y, por supuesto, el 68 y el 71 como monumentos al descontrol y uso avieso de la fuerza pública. De ahí la urgencia de la ley de seguridad pública.
Que el estado mexicano contrate servicios de espionaje en estos tiempos es necesario. Equivale a comprar armamento o tanquetas. Que ese instrumento sea utilizado en contra de ciudadanos es una gravísima afrenta a ellos y, a través de ellos, a toda la ciudadanía. Incapaces de controlar el robo de combustible o los miles de crímenes que se cometen mensualmente, el espionaje violentó la ley pues no hubo orden judicial, y violó la intimidad, algo muy grave. Hay un menor incluido. ¡Qué es esto! Vino el ridículo, la negación de los hechos, la ausencia de una reacción inmediata firme en el más alto nivel -el presidente Peña Nieto- con la solicitud inmediata de una investigación independiente. Tuvieron tiempo. Si a eso le agregamos el tristemente famoso párrafo de amedrentamiento que no se disuelve con nada, el capítulo es patético.
Las preguntas de la indignación son muy concretas. Quién ha comprado esa tecnología; quién la maneja; quién decide la selección de los espiados, vaya selección; cuáles son los motivos; quizá porque son indefendibles, es que no se acudió a un juez; quién controla al aparato de espionaje. Nada de vaguedades, hay líneas de mando: ¿Gobernación, PGR o ambas? Nada de explicaciones genéricas, se exigen los rostros de los responsables y la aplicación de sanciones de ley. Este caso no puede caer de nuevo en la impunidad que nos ahoga. Si los gobernantes creen que el suceso se irá olvidando, mostrarán de nuevo que no entienden el enojo generalizado y acumulado de la sociedad, desnudarán su lejanía.
Incapaces de controlar al necesario monstruo, de dirigirlo a sus verdaderas obligaciones, ineptos para utilizar el aparato estatal en la disminución de la impunidad generalizada que ronda el 97 %, un infierno, han mostrado que, además, hay perversos que degradan la vida pública. Qué vergüenza. Tienen otra oportunidad, pero con estas acciones y reacciones, a pesar de todas las reformas, el grupo en el poder está cavando su tumba.
