En contra. Cientos de personas protestaron por la ley SB4 que fue ratificada el pasado 6 de mayo por el gobernador de Texas, Greg Abbott,y entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.
Un juez federal cuestionó ayer lunes los alcances de una nueva ley contra las "ciudades santuario" en Texas que tiene el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, pero que cuatro de las urbes más grandes del estado, algunos jefes policiales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes intentan impedir que entre en vigor en septiembre.
Centenares de manifestantes que agitaban banderas y portaban carteles que decían "Paren la separación de familias" colmaron la plaza afuera de la corte de San Antonio, en donde el juez federal Orlando García decidirá si Texas puede poner en marcha la ley que Trump afirma es congruente con el combate a la inmigración ilegal.
La audiencia en el tribunal fue la primera sobre la constitucionalidad de la ley conocida como SB4, desde que la firmó el gobernador republicano Greg Abbott. La sesión duró horas y concluyó sin que García emitiera un fallo en el que autorizara a Texas aplicarla. Tampoco fijó fecha para anunciar una decisión. La ley permite a los policías preguntar a las personas su condición migratoria durante inspecciones rutinarias de tránsito y prevé que los jefes policiales y funcionarios por elección popular sean encarcelados o destituidos si ignoran las solicitudes de las autoridades migratorias de que detengan a extranjeros que vivan sin permiso en el país.
Las cuatro ciudades más grandes de Texas (San Antonio, Austin, Houston y Dallas) interpusieron un recurso en un intento para impedir la entrada en vigencia de la medida y los abogados de esas urbes dijeron a García que su fallo podría ser determinante en la decisión de otros estados que pretenden adoptar normativas similares.
La procuraduría general de Texas respondió a través de sus abogados que la nueva ley es menos severa que la que se decretó en 2010 en Arizona, conocida como "Muéstreme sus papeles", misma que fue bloqueada parcialmente por la Corte Suprema federal.
"Diré que lo que tuvimos en Arizona fue por una legislación muchísimo más estricta", dijo Darren McCarty, funcionario especial de la procuraduría general de Texas.
Los abogados que representan a los opositores del estatuto señalaron también que la prohibición de la ley a respaldar las políticas santuario, contra el cumplimiento de las peticiones de detención de las autoridades migratorias, viola la Primera Enmienda constitucional.
Indicaron también que las penas que impone la legislación obligan en esencia a los agentes de la policía a realizar el trabajo de agentes de Inmigración y Aduanas.
"Ellos están estableciendo un estatuto que incentiva el cumplimiento de la ley de inmigración al máximo", dijo Lee Gelernt, un abogado de la ACLU. Quienes apoyan la ley, abogados de la Oficina del Procurador General de Texas y del Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecieron sus argumentos durante la tarde de ayer lunes. La audiencia podría prolongarse para hoy martes.
La ley SB 4, conocida también como ley contra ciudades santuario, está programada a entrar en vigor el próximo 1 de septiembre. La ley autoriza a los policías locales el preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo paradas de tránsito. La ley contempla además castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones. Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones. Desde su promulgación, el número de gobiernos locales que se oponen al estatuto va en aumento.
MéXICO PRESENTA APOYO
México presentó una declaración jurada para ayudar a impedir que entre en vigor la ley SB4 promulgada en Texas, que prohibirá las ciudades santuario y permitirá cuestionar el estatus migratorio de cualquier detenido, dijo ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores.
"La declaración no es en sí misma una demanda (...) es para brindar el contexto al juez, a fin de que pueda tener elementos de utilidad para poder decidir", precisó en una rueda de prensa el consultor jurídico de la SRE Alejandro Alday.
Se unen
Las ciudades más grandes de Texas:
⇒ Incluyendo Dallas, Houston, San Antonio, Austin y El Paso, además del condado de Bexar y Maverick, entre otros.
⇒ Se han sumado a la demanda que cuestiona la constitucionalidad de la SB 4 y se pide su anulación.
