Aunque matemáticamente la resolución del juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México que libera los activos incautados hace tres años a Oceanografía daría pauta para cubrir sus deudas y regresar a escena aunque en proporción mínima, la valuación de éstos está muy lejos de la realidad
De acuerdo con el primer síndico de la firma declarada en quiebra, los barcos asegurados por la Procuraduría General de la República tendrían un valor de 20 mil millones de pesos, frente a los 17 mil que representan sus débitos.
El problema es que, ayunos de actividad, ayunos de mantenimiento, los navíos se convirtieron prácticamente en chatarra.
De hecho, aun colocándose en venta la totalidad de la empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, el monto no empataría con el renglón de debe.
De aquello que fue sólo queda ruina.
La firma con una nómina de 11 mil 419 empleados y una flota de 69 navíos que al momento de entrar en líos judiciales despertó el apetito de compra por parte del empresario Miguel Alemán Magnani, naufragó al ser entregada su administración al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Aunque Pemex le regresó a la firma 430 millones de pesos que habían sido depositados como garantía frente a eventuales incumplimientos en los contratos, el dinero se destinó a finiquitar la planta laboral.
De entrada, se decidió la liquidación de 6 mil 800 trabajadores, congelando la actividad del resto, por más que el juez del concurso mercantil a que se sometió logró que Petróleos Mexicanos levantara una suspensión de dos años para recibir contratos.
El SAE se concentró en completar a medias los contratos que estaban en vigor antes de la suspensión, básicamente para mantenimiento de plataformas marinas.
Hasta octubre de 2015 la firma tenía sólo 600 empleados. En la ruta de los despidos, el SAE creó un call center a costo de 400 mil pesos mensuales para atender las quejas de los trabajadores en liquidación.
En paralelo, se contrató a una docena de despachos de consultoría… para una firma sin negocios al calce. Lo curioso del caso es que, a excepción de cuatro empleados, la totalidad de la nómina la llenaban empresas outsourcing o tercerías.
Aunque Oceanografía logró ganar un litigio a la empresa estadounidense Candies Mexican Investments, filial de Otto Candies, que reclamaba la devolución de 21 barcos, lo cierto es que se mantiene una colosal deuda con ésta.
En su alegato la compañía aducía que se había firmado un contrato de arrendamiento. Oceanografía demostró que tras éste había otro de venta.
En su resolución el juez de la causa decidió que para llevarse los barcos la firma del país de allende el Bravo debía regresar los abonos entregados, a lo que se negó tajantemente.
Aun así salió ganando, dado el deterioro de los navíos. Así, los barcos más importantes, el OSA Goliath, por ejemplo, tiene en la contabilidad 139 millones de dólares pagados, pero el precio fijado fue de 250.
Así, en los llamados Caballo Marango y Caballo Maya se cubrieron abonos por 60 millones de dólares por cada uno, pero su valor es de 159 y 136, respectivamente.
En la fase final el SAE ya no tiene la función de síndico, aunque tampoco había ya nada que administrar.
Murió Oceanografía. Corrupción de sus directivos y negligencia e ineficacia del administrador gubernamental.
A tono con lo previsto, el Banco de México incrementó en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, con lo que el nivel alcanzó 7%. Se trata del sexto movimiento del año; el nueve a partir de diciembre de 2015.
El organismo reaccionó en acción espejo al incremento que a su vez decretó la Reserva Federal de Estados Unidos, en afán de mantener el atractivo para las inversiones de portafolio del capital extranjero, aunque de pasadita para atenuar una inflación que alcanza ya 6.30%.
El problema es que el efecto colateral de la medida apunta a frenar el crecimiento de la actividad productiva al encarecer el costo de los créditos bancarios. Y el problema es que, aunque la Secretaría de Hacienda había señalado que sólo faltaría un aumento más para completar el ciclo, en la bitácora del Banco de México están previstos dos.
Finalmente, la empresa de telefonía móvil Telcel le ganó a la Procuraduría Federal del Consumidor una demanda colectiva que había patrocinado por daños y perjuicios.
El asunto se deriva de un abanico de 4 mil 333 denuncias contra la firma registradas en 2010 por fallas en la conexión de internet, llamadas que se cortaban, penalizaciones por cancelar el servicio y limitaciones en el servicio de datos.
Los quejosos habían recibido una sentencia favorable por parte de un juez de primera instancia, que revocó un tribunal colegiado. El asunto, sin embargo, rebotó hasta la Corte, cuya primera sala reivindicó por cuatro votos contra uno la sentencia favorable a Telcel.
Esta señala que la firma no incumplió con el Plan Técnico Fundamental colocado en línea por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cuyo marco se señalan los parámetros mínimos de calidad.
De acuerdo con ello, Telcel sólo le habría bonificado sus clientes en caso de interrupción total del servicio.
En más de lo mismo de los líos en la Concanaco, hete aquí que el organismo le negó la entrada a una reunión plenaria de presidentes y vicepresidentes de Cámaras de Comercio a su directivo Guillermo Romero, pese a exhibir éste un amparo que lo protegía contra obstrucciones.
La misma barrera se colocó a otros dirigentes de organismos afiliados. A la convocatoria acudieron sólo 40 de 265 presidentes y vicepresidentes enlistados.
La explicación del organismo fue que Romero no es presidente de alguna cámara, negando además que haya recibido violencia física. A la reunión asistieron como invitados especiales el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, y la subsecretaria de Planeación y Políticas Turísticas de la Secretaría de Turismo, María Teresa Solis Trejo.
Previamente había habido una reunión de consejo a la que asistieron sólo 23 de los 76 en funciones.
ERROR DE DICIEMBRE
Citada con urgencia la dirigencia empresarial y obrera por el entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, la noche del 19 de diciembre de 1994 resultaría trágica para la causa nacional.
La orden del día fijaba una consulta. Extender la banda de fluctuación del peso frente al dólar… o de plano devaluar.
En el titubeo del gobierno, los "pitazos" provocaron una colosal fuga de capitales… que propició una devaluación traumática.
En el escenario se recuerda a un Miguel Mancera, director general del Banco de México, enfundado en un grueso abrigo ruso con 39 grados de calentura, y un presidente Ernesto Zedillo ausente, cuyo jefe de asesores, Luis Téllez, impidió que contestaran el teléfono "por estar descansando".
El episodio lo recrea la segunda parte del documental "El error: ficción, miedo, debacle", que proyectará Televisión Azteca a través del Azteca 13 el sábado a las 11 de la noche.
