Impresiona, pero no extraña la actitud prepotente del gobernador Rubén Moreira frente a ciudadanos y diputados de oposición, que le reclaman que haya presentado ante el Congreso de Coahuila una iniciativa de ley anticorrupción a la medida de su obsesivo esfuerzo por mantener la impunidad en favor de sí mismo, de su familia y de quienes han sido sus cómplices en el saqueo de la riqueza pública de la entidad, que ha tenido lugar durante los últimos doce años.
Como es del conocimiento, la citada iniciativa de ley corresponde a la aplicación a nivel estatal del Sistema Nacional Anticorrupción que se encuentra en proceso de instalación en todo el país, que tiene su origen en una iniciativa que emanó de la ciudadanía al impulso del liderazgo de importantes organizaciones representativas de la sociedad civil.
La propuesta ciudadana exige que los principales órganos del Sistema como son el fiscal general y la Auditoría Superior especializados en la investigación de los delitos relacionados con la corrupción, se encuentren dotados tanto de autonomía como de instrumentos coercitivos para desempeñar sus funciones. Otra de las características esenciales del Sistema es la apertura a la participación ciudadana, a que están obligadas las autoridades tanto en su concretización legislativa, como en la propuesta y designación de los responsables de la aplicación de la ley en cada Estado.
Por eso sobra razón y legitimidad a la Alianza Anticorrupción del Estado de Coahuila integrada por ciento nueve organismos de la sociedad civil de la entidad, cuando se dirige a Rubén Moreira para exigirle que la iniciativa de ley en comento, conceda la independencia e instrumentos coactivos que permitan a los órganos encargadas de aplicarla, cumplir con su tarea.
Lo anterior con mayor razón, en virtud de que la iniciativa de ley va ensombrecida por la ocurrencia de que Moreira pretende instalar en la Fiscalía General Anticorrupción al actual procurador de Justicia Homero Ramos Gloria, lo que de hacerse realidad daría continuidad a la impunidad de que han gozado Humberto y Rubén Moreira como responsables de la quiebra económica, financiera, institucional y humana que tiende hundida a la vida pública coahuilense, en virtud de los gobiernos mediocres y ladrones que hemos sufrido durante los últimos doce años.
En efecto, Ramos Gloria es un elemento cuya carrera en la gestión pública está esencialmente ligada al moreirato, en la medida en que durante el régimen de Moreira Humberto se desempeñó como presidente del coptado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (el Gaby de León de aquellos entonces) y posteriormente fue designado en forma sucesiva como secretario de Gobierno y director del Instituto de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (cuyo sistema dejó en bancarrota).
En el sexenio de Moreira Rubén, Ramos Gloria ha sido un fiscal inútil para investigar y perseguir los crímenes vinculados a la desaparición y muerte de miles de coahuilenses, así como en el caso de la megadeuda y el resto de las trapacerías que tienen sumido al Estado en quiebra moral y económica.
En el delicado tema que nos ocupa el moreirato no debe ser juez y parte. Ante la necesidad que existe de instrumentar el Sistema Anticorrupción en un tiempo límite, Moreira Rubén debe modificar su iniciativa de ley en la materia y ponerla a la medida de las demandas ciudadanas. Lo anterior implica la inclusión de artículos transitorios que dispongan que el fiscal general anticorrupción y demás funcionarios a cargo que se designen en lo que queda de este sexenio a propuesta del gobernador frente a la actual legislatura, deban ser objeto de ratificación o remoción por el Congreso que entrará en funciones el primero de enero de 2018. Cualquiera otra propuesta que al respecto haga Rubén Moreira, nacerá muerta.
