Repudio. Periodistas, abogados y defensores de derechos humanos y presentaron una denuncia de hechos ante la Feadle por espionaje del gobierno federal.
Organizaciones civiles, activistas y periodistas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por espionaje político por parte del gobierno federal, y exigieron de las autoridades rendición de cuentas, apertura en la investigación, sanciones contra los responsables y reformas para regular las técnicas de vigilancia digital.
"No es casual que en los momentos más difíciles de este gobierno, lejos de dar respuesta hubo espionaje, y todo conduce a la Presidencia", dijo Carmen Aristegui, periodista que fue víctima del espionaje, de acuerdo con las investigaciones que llevaron a cabo organizaciones civiles de México y Estados Unidos, expertas en temas digitales.
Ayer lunes el periodico estadunidense The New York Times publicó la segunda parte de una investigación realizada por Citizen Lab, con ayuda de las organizaciones civiles Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que comprueba que diferentes dependencias del gobierno mexicano espiaron a periodistas, activistas y familiares de éstos a través de un malware que infecta sus teléfonos celulares llamado "Pegasus".
El reportaje reveló que el gobierno espió a doce personas: Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Carmen Aristegui, Emilio Aristegui (hijo de la periodista), Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias; Carlos Loret de Mola, de Televisa; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), y Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En febrero de 2017 el diario estadounidense ya había documentado el espionaje a Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Luis Manuel Encarnación, entonces director de Fundación Mídete, y Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumido, todos involucrados en el plan de acción contra la obesidad.
El modus operandi fue similar para todas las víctimas: recibieron un mensaje de texto en su celular que adjuntaba un vínculo con el malware. Al momento de abrirlo, éste se instalaba en el dispositivo móvil, explicó Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.
"Con el malware instalado, el atacante puede acceder a archivos guardados en el teléfono como contactos, mensajes, grabaciones, correos eléctronicos, y aun puede utilizar como micrófono y cámara", aseguró.
El software fue desarrollado por NSO Group, empresa israelí que vende este tipo de herramienta digital únicamente a gobiernos para investigar a criminales, dijo John Scott, investigador de Citizen Lab, quien agregó que México es uno de los mayores compradores de software de vigilancia en el mundo.
Scott aseguró que, además de México, los compradores de este tipo de software son países "dictatoriales y autocráticos", como Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.
Citizen Lab inició la investigación en 2016 y descubrió que los dominios del malware eran de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), dijo Ruelas.
Luis Fernando García, director de la R3D, aseguró que al menos hubo 86 intentos de infección con "Pegasus" desde enero de 2015. "Cada infección exitosa tendría un costo de 77 mil dólares y cada SMS fue diseñado a la medida de la persona que va a ser atacada", dijo.
El Centro Prodh trabaja en la defensa de derechos humanos en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Atenco. Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago Aguirre recibieron los mensajes en fechas clave en el calendario de los temas que los ocupan como defensores de derechos humanos, entre abril y julio de 2016, aseguró la directora de Artículo 19.
El equipo de Aristegui Noticias, que llevó a cabo investigaciones la "casa blanca", propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, también fue blanco de la vigilancia. La periodista Carmen Aristegui recibió el primer mensaje de "Pegasus" el 15 de enero de 2015 y al teléfono de su hijo Emilio, aún menor de edad, llegó el 30 de agosto, refirió García, de R3D. Citizen Lab contabilizó 40 intentos contra el hijo de la periodista y fue el que más atacado mediante el malware.
El mensaje de Rafael Cabrera apareció el mismo día que el de Emilio con el mismo texto. Sebastián Barragán lo recibió hasta mayo de 2016. El equipo de Aristegui Noticias recibió en total 56 mensajes de "Pegasus".
Por medio de ocho SMS, el gobierno intentó espiar también a Carlos Loret de Mola, entre agosto y septiembre de 2016. En ese tiempo el columnista de El Universal documentaba las ejecuciones extrajudiciales en Tenhuato, Michoacán, por parte de policías federales.
A Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Imco, les llegaron 4 mensajes a finales de 2015 y principios de 2016, cuando se discutía en el Congreso el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley #3de3 que habían impulsado.
Tres mensajes intentaron infectar los celulares de Salvador Camarena y Daniel Lizárraga en mayo de 2016, cuando se anuncia el proyecto de MCCI y a raíz de los reportajes de los "Panama Papers", donde Lizárraga participa.
Luis Fernando García advierte que esta es una vigilancia sistemática contra actores de la sociedad civil y señala que las evidencias son claras: infraestructura común del ataque, coincidencias en mensajes, intento de espionaje en momentos de coyuntura y en los que el gobierno federal es actor princial, identificación del gobierno como cliente de NSO Group.
"La PGR pagó 15 millones de dólares por la licencia de 'Pegasus', por medio de la Agencia de Investigación Criminal", dijo.
Por esto, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas exigen una investigación imparcial, independiente y transparente, transparentar procesos de compra del malware, identificar a las víctimas y notificarles del espionaje, y utilizar "Pegasus" de manera vigilada.
Loret de Mola refirió que el espionaje abre la puerta para llegar más lejos, como la censura o el asesinato.
"No sabemos si los periodistas asesinados antes fueron espiados, pero tenemos derecho a pensarlo", agregó Aristegui.
Sin embargo, "¿el gobierno tendrá la capacidad y voluntad de investigarse a sí mismo?", cuestionó Patrón, del Centro Prodh.
