En política es muy grande la tentación de verlo todo en blanco y negro. Y es muy grande porque asumir una postura así es lo más fácil. Alabar o denostar a un político o gobierno la mayoría de las veces no implica ni siquiera un mínimo de reflexión. Basta con instalarse en la lógica del militante que lo mismo aplaude a la figura de su partido que abuchea a la del partido contrario. Todo está bien mientras se trate de alguien de casa. Todo está mal si ocurre en la acera de enfrente. Esa es la razón por la que hemos visto a un grupo político cuestionar los intentos de aplicación de un IVA generalizado, o la eliminación de los subsidios a la gasolina, o la militarización de la seguridad pública, y a ese mismo grupo buscando o haciendo después lo mismo que tanto criticó. La misma razón de quienes en un momento censuran a los que gritan ¡fraude! en una elección, y en otro son ellos los que lanzan el mismo grito. Es la política en blanco y negro. La política del militante. La política de los partidos como si fueran equipos de futbol y sus porristas. Frente a este escenario, es menester que surja con fuerza la política del ciudadano, aquella en donde son más importantes los procesos que los nombres propios; en donde valga más el cómo por encima del quién. En resumen, más ciudadanía y menos militancia.
La reflexión vale en estos días por las noticias que se han dado a conocer en nuestro ámbito cercano, Coahuila y Durango. Los panistas y sus aliados sostienen una álgida discusión con los priistas y sus partidarios por el resultado de la elección del pasado 4 de junio. Los primeros aseguran que hubo fraude. Los segundos, que no y que además es irresponsable decir que sí. El candidato de los primeros dice que él ganó y que le robaron el triunfo. El de los segundos, que él triunfó y que los números del Instituto Electoral de Coahuila lo avalan. Como siempre, la realidad objetiva está en medio.
Durante el proceso electoral se registró una serie de irregularidades que siembran la duda sobre la certeza y legitimidad del resultado. ¿Suficiente para asegurar que hubo fraude? Sólo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en última instancia, lo puede determinar en función de las pruebas que presenten ambos bandos. Lo demás, es especulación. Un ejemplo claro de cómo mientras para los militantes es más importante el quién, sea Anaya o Riquelme, para los ciudadanos apartidistas lo más relevante es el cómo. Fuera de la política de blanco y negro, lo que importa no es quién ganó, sino que el proceso por el cual obtiene el triunfo sea claro y transparente.
En la semana que pasó, mientras la discusión entre los defensores y detractores del fraude seguía su curso, el gobierno de Coahuila presentó, ya con rezago, al Congreso local la iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción que incluye a la nueva fiscalía estatal y fiscalía especializada en hechos de corrupción. De inmediato, las posturas partidarias se hicieron presentes. Por una parte, la fracción minoritaria panista del legislativo denunció que el gobernador Rubén Moreira buscaba cubrirse las espaldas abriendo la puerta al nombramiento de Homero Ramos, actual procurador, como primer zar anticorrupción en el estado. Por la otra, la bancada mayoritaria priista asegura que eso es una fantasía y que no existe sustento alguno para el señalamiento. En medio, lo más importante es que el proceso de creación del sistema y el nombramiento de los fiscales se haga de cara a la ciudadanía y con la participación de la misma. Deben ser los ciudadanos quienes avalen el proceso para que al final se conformen organismos con la suficiente autonomía y probidad para una real rendición de cuentas. Y esto es lo más importante, porque de no cumplirse el requisito de la autonomía y vigilancia ciudadana, se corre el riesgo de abonar a la simulación.
En Torreón se ha reavivado la discusión sobre la abultada nómina del ayuntamiento. Luego de meses de prometer un ajuste en el rubro de servicios personales, la Presidencial Municipal anunció la semana pasada que por fin iniciaría con el recorte para generar un ahorro en el gasto. El problema es que el anuncio se hace cuando faltan escasos seis meses para que concluya la administración y, como era de esperarse, esta situación generó suspicacias entre los integrantes de la bancada panista del Cabildo y un sector de la sociedad. Más allá de cuestionar la tardanza en la aplicación de la medida, lo que llama la atención es que hasta ahora nadie haya propuesto una reforma al reglamento interior del ayuntamiento para que éste, en cada administración, contrate sólo al personal que requiere de acuerdo con sus objetivos y proyectos. Para ello, sería necesaria la elaboración de un estudio en el que se indicara no sólo cuántas personas deben emplearse sino a qué costo de acuerdo a sus niveles de responsabilidad y trabajo.
En Durango, en los últimos días se han puesto de relieve dos asuntos relacionados con presuntos actos de corrupción. El secretario de Gobierno, Adrián Alanís, declara que la mala calidad de la autopista Durango-Mazatlán, que ha absorbido millones de pesos en reparaciones, se debe a que en su momento, hace unos diez años, hubo pagos de comisiones indebidas por parte de las empresas constructoras a funcionarios. El tema, así expuesto, se presta a todo tipo de especulaciones. Los priistas en el Congreso, en defensa de las administraciones estatales de ese partido, salieron a decir que esos "moches" se pagaron a funcionarios del gobierno federal, entonces panista. Si bien es cierto que el asunto debe investigarse para deslindar responsabilidades, el problema de fondo subyace en la falta de aseo y vigilancia en los procesos de asignación y construcción de obra pública. Quedarse en el señalamiento partidista es contribuir a que este tipo de actos de corrupción se sigan perpetuando.
Algo parecido sucede con la detención de Rafael Herrera, primo y colaborador cercano del exgobernador Jorge Herrera Caldera, a quien se le acusa de fraude y de haber operado una red de espionaje político. Nuevamente, lejos de la postura militante, lo importante en este y todos los procesos que se sigan contra exfuncionarios es que estén apegados a derecho, fuera del revanchismo político y con el único afán de aplicar la justicia contra quien haya cometido algún delito. Nuevamente, lo más importante no son los nombres, sino los procesos que garanticen un adecuado ejercicio de la función pública. Asumir una posición militante de ver todo en blanco y negro no sólo es fácil sino también muy peligroso para la consolidación de la democracia y la rendición de cuentas dentro de la misma.
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