El conflicto postelectoral que resulta de los comicios celebrados la semana pasada, ha originado la integración del llamado Frente por la Dignidad (#Coahuila Digno), encabezado por candidatos de oposición que inconformes con la forma en que se llevó el proceso, anuncian que acudirán a los tribunales a pedir la anulación de la elección de gobernador.
El objeto de la lucha es la defensa del voto, y la petición concreta es que el proceso se repita con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que de acuerdo a la Constitución General de la República rigen en materia electoral, y que en el caso de la elección cuyo comentario nos ocupa fueron letra muerta.
Las elecciones fueron un fiasco. No viene al caso repetir a pie juntillas la infinidad de señalamientos que campean en los medios de prensa, en las redes sociales y en las tertulias cotidianas, porque el público los conoce a saciedad. De ellos se desprende que por complicidad del Instituto Estatal Electoral (IEC) y por indiferencia ciega, sorda y muda del Instituto Nacional Electoral (INE), falló la elección de principio a fin desde su preparación estratégica en la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, en la acreditación de los representantes de los partidos, en la valoración del Conteo Rápido (que por cierto favorece a Guillermo Anaya) y en la manipulación del Programa de Resultados Preliminares (al excluir del conteo al veintiocho por ciento de las casillas), hasta culminar el múltiple agravio, en la violación física evidente de los paquetes electorales.
Llama la atención que ante el anuncio del Frente de judicializar la elección y la decisión de muchos ciudadanos de marchar por las calles en señal de protesta, haya comentaristas de prensa que cuestionan el derecho de quienes se sienten ultrajados y algunos llegan al absurdo de exigir que se acredite el fraude antes de acudir a los tribunales, lo que implica encerrar en un círculo vicioso la demanda de justicia, puesto que en un primer lugar es al afectado a quien corresponde denunciar la existencia del fraude, y enseguida los tribunales están obligados a garantizar el derecho constitucional a la justicia pronta, expedita y completa, en favor del ciudadano que con razón la solicite.
La osadía de algunos lacayos del régimen llega al extremo de cuestionar el derecho de libertad de reunión y asociación para tratar los asuntos políticos del país, que la Constitución reconoce en favor de todo ciudadano, y presentan las manifestaciones públicas de repudio al moreirato y a su candidato Riquelme, como si fueran contrarias a derecho o a lo que ellos consideran buenas maneras.
La realidad es que el Frente por la Dignidad de Coahuila, cuenta con elementos suficientes para pedir la anulación de la elección, que además de estar plenamente documentados, ocurrieron frente a nuestros propios ojos y de ello son testigos y protagonistas muchos coahuilenses por haberlas vivido en carne propia.
Lo anterior no quiere decir que el éxito del reclamo de justicia esté asegurado, porque además de que por acción u omisión son responsables las autoridades electorales y gubernamentales del más alto nivel estatales y federales, las irregularidades fueron tantas y tan graves que no podemos descartar que aún el Tribunal Federal Electoral (Trife) caiga postrado de rodillas ante el poder, en virtud de la fuerza del embate autoritario del que el pueblo de Coahuila está siendo víctima.
El sistema priista de partido de estado vuelve por sus fueros. Los destellos democráticos que en forma vacilante, pero esperanzadora han iluminado nuestro horizonte nacional de veinte años a la fecha, amenazan llegar a su fin de cara a las elecciones federales que renovarán la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión el año entrante, mediante procesos electorales que están por iniciar en unos cuantos meses.
La defensa del voto en la que está empeñado el pueblo de Coahuila en estos días es responsabilidad de todos. La restauración de los órdenes jurídico y social vulnerados por el PRI de los Moreira y de su empleado Miguel Riquelme, es condición indispensable para rescatar nuestra vida pública secuestrada por un grupo criminal hecho gobierno. La elección de gobernador debe ser anulada y deberá repetirse mediante un nuevo proceso, en justa respuesta al grito que resuena en las calles: ¡No nos vamos a dejar!
