La competida elección del 4 de junio y su cerrado resultado han configurado una situación inédita en la historia de Coahuila. La apretada ventaja del priista Miguel Riquelme sobre el panista Guillermo Anaya, el cúmulo de irregularidades registradas durante la jornada electoral y los errores cometidos por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), abrieron el camino para que estos comicios se decidieran en los tribunales, que es a donde el PAN y sus aliados llevarán sus reclamos. Mientras tanto, el IEC ha entregado ya las constancias de mayoría al gobernador electo, los 25 diputados que integrarán el Congreso local, y los 38 alcaldes de la entidad. En las calles, un sector de la ciudadanía se ha polarizado.
Aunque ya se había previsto desde la precampaña, ahora es oficial que por primera vez en cinco décadas el gobierno del estado será encabezado por un lagunero y por primera vez en siete décadas, por un torreonense. Pero el futuro gobernador tendrá que enfrentar un Congreso local con mayoría relativa de oposición, un hecho extraordinario en la historia legislativa de la entidad. Esto obligará al titular del Poder Ejecutivo a hacer política, a negociar, a cabildear, para sacar adelante sus proyectos. Pero también, la presencia mayoritaria del bloque opositor PAN-UDC en el Congreso representa una oportunidad de oro para establecer los contrapesos que no han existido en las legislaturas pasadas, sentar las bases para crear un sistema eficiente de rendición de cuentas y resolver los grandes pendientes que en materia financiera han sido postergados, como lo es el esclarecimiento del caso de la deuda de Coahuila.
En este sentido, la responsabilidad de los diputados de la próxima legislatura en general, pero de los panistas y udecistas en particular, será mayúscula. En primer lugar, para establecer los canales de comunicación adecuados para la negociación política en beneficio de la entidad y no de los partidos o sus facciones. En segundo lugar, para construir una agenda independiente que no esté subordinada al Ejecutivo estatal, como lo ha estado sobre todo en este sexenio. Y un tercer aspecto es reivindicar al Poder Legislativo como el motor principal de la democracia republicana a través de un ejercicio comprometido de la función de representación popular, haciendo eco de los principales reclamos y necesidades de la ciudadanía, algo que ha sido ignorado en buena medida en las últimas legislaturas.
Como consecuencia del resultado, cinco partidos políticos estatales perderán su registro al no haber conseguido la votación mínima requerida en por lo menos una de las tres elecciones disputadas. Otros cinco partidos, éstos nacionales, perderán sus prerrogativas en el estado por la misma razón. Esto pone en evidencia que tan falso es que en la entidad hagan falta tantos institutos políticos como que la abundancia de los mismos contribuya a mejorar el clima democrático. Prueba clara de la futilidad de la mayoría de los partidos en Coahuila es que sólo cinco fuerzas políticas tendrán representación en el Congreso local, de las 15 que hasta ayer existían. Y dado que los partidos reciben recursos públicos, uno de los retos de la nueva legislatura será mejorar las reglas para que sólo puedan registrarse aquellos institutos que justifiquen plenamente su existencia.
Otro escenario inédito es el que tiene que ver con las alcaldías. Lo más importante es que por primera vez 14 mujeres estarán al frente de un ayuntamiento, lo cual sin duda significa un gran avance de equidad de género dentro de los derechos políticos. Pero también es destacable que la pluralidad parece haber llegado para quedarse en Coahuila, toda vez que 11 municipios no serán gobernados por el mismo partido que controlará la gubernatura. Esta es la situación inédita con la que iniciará un nuevo ciclo en Coahuila.
