Labor. En los próximos días, el Tribunal Federal Electoral recibirá todas la quejas por las irregularidades en las pasadas elecciones.
Las elecciones en Coahuila y el Estado de México ya trazan camino hacia los tribunales. Ni Guillermo Anaya ni Delfina Gómez, candidatos de PAN y Morena en cada una de esas entidades, aceptan el resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que dio el triunfo al PRI en ambos casos.
Por lo tanto, es previsible que los dos candidatos recurran al recuento de votos y puedan incluso pedir la anulación del proceso, advierte Irma Méndez de Hoyos, politólogo y especialista en partidos y sistemas electorales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.
"Si los partidos de oposición se unen y demuestran ante los tribunales electorales, local y federal, que hubo violaciones graves, dolosas y determinantes, que pusieron en tela de juicio los principios constitucionales de la elección, como la legalidad y la certeza, entonces podrían argumentar a favor de la anulación", afirma Méndez de Hoyos.
No sería la primera vez. En Colima, en 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección para gobernador al determinar que hubo una intervención irregular del gobierno estatal.
"No es fácil esta opción, pero hay la posibilidad si los inconformes se unen y presentan un muy buen alegato que demuestre las irregularidades en los procesos", dice la investigadora, quien recuerda que la reforma electoral de 2014 incluyó nuevas causales de nulidad de elecciones y abrió un espacio para la interpretación de la ley.
"Ese espacio hoy se abre frente a todo este cúmulo de irregularidades para que los partidos inconformes argumenten frente tribunales que hubo agravante que pusieron en tela de juicio los principios de la elección", dice.
La inconformidad ante resultados electorales, que hace cada vez más frecuentes los casos de judicialización de los procesos, exhibe un modelo de autoridad electoral que "ya no da el ancho", advierte la investigadora.
"Tenemos autoridades electorales omisas y complacientes frente a los excesos de los partidos", afirma. "Atrapadas, por un lado, por gobernadores que presionan para controlar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y, por el otro, por partidos inconformes que los ahogan de tal manera que los paralizan", explica.
Todo eso, advierte, está dañando profundamente la calidad de las elecciones, su legitimidad y la confianza en estas.
"En la medida en que la autoridad electoral permite la compra masiva del voto o el uso y condicionamiento de programas sociales, y no actúa, en esa medida se van acumulando irregularidades y agravios que al final llevan el proceso electoral a tribunales porque no hay de otra", dice la investigadora de la Flacso.
Estos son episodios cada vez más comunes en las elecciones en México, en la medida en que hay más competencia entre partidos, pero menos confianza en los órganos electorales, dice Méndez de Hoyos.
"Tendría que haber mucha competencia, pero una vez conocido el resultado, la inconformidad debería desaparecer", dice.
Sin embargo, no sucede así porque son tantas las irregularidades que, llegado el día de la elección, ya hay un cúmulo de desafíos a la legitimidad del órgano electoral y la certeza de la jornada.
Es una situación que debería preocuparnos, advierte. El sistema electoral ha pasado ya por varias reformas, la más reciente en 2014, y aun así no ha logrado generar confianza en las elecciones, "que nos cuestan más y son cada vez más cuestionadas".
En este modelo que la investigadora considera ya agotado, los partidos los partidos desempeñan un destacado papel en el fracaso. Sobre todo por el financiamiento público del que gozan, dice.
"Son instituciones cada vez más ricas, que dependen menos de la preferencia electoral y las buenas ideas para gobernar, porque tienen a su disposición fuentes de financiamiento legítimas e ilegítimas, legales e ilegales, y hay pocos contrales sobre ellos", afirma.
En la medida que México no pueda garantizar confianza en sus procesos electorales parece más difícil alcanzar una máxima de los sistemas democráticos. Esta es: "que haya certidumbre en la organización del proceso e incertidumbre en los resultados", dice Méndez de Hoyos.
