De paso. Para la Casa del Migrante se requieren políticas de protección para evitar accidentes. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El titular de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, manifestó que los accidentes que sufren los migrantes en su paso por nuestro país, también son responsabilidad del Estado Mexicano, pues las políticas migratorias influyen en gran medida en éstos.
Hace unos días se dio a conocer que un migrante hondureño perdió una pierna, luego de que cayera al perder el equilibrio, mientras se transportaba en el tren en Monclova.
Alberto Xicoténcatl manifestó que debido a la magnitud de la amputación, será complejo apoyarlo con una prótesis.
"Los migrantes no se suben al ferrocarril por deporte o por gusto, tenemos una política migratoria que hace que las personas no puedan tomar un autobús, lo que también es responsabilidad del Estado, podemos decir que fue un accidente, pero no es así", dijo
Señaló que las personas migrantes podrían trasladarse en los camiones, si existiera una política migratoria de acogida o protección.
"La política que tenemos en México obliga a que los migrantes tengan que subirse a los ferrocarriles y tengan que pasar este tipo de accidentes que no lo son, sino que son situaciones provocadas por este política", manifestó.
En otros temas, Alberto Xicoténcatl, también consejero del Consejo consultivo del Mecanismo Para la Protección activistas y periodistas, entregó un pronunciamiento en solidaridad de los periodistas que a últimas fechas han sido asesinados a nivel nacional.
Los integrantes del Consejo consultivo se mostraron indignados, por lo que como consecuencia de estos actos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, revelaron que se han tenido encuentros con periodistas, defensores y autoridades de diferentes niveles.
"Expresamos nuestra profunda indignación por todos y cada uno de los hechos de violencia. Nos unimos a la irritación que cunde la sociedad y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas", señalaron.
Los integrantes del Consejo van desde activistas, defensores, académicos, sociedad civil, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así como de una Junta de Gobierno integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobierno, entre otros.
