Corrupción, seguridad y desarrollo económico, en ese orden, fueron los temas centrales de las campañas electorales en Coahuila. Que haya sido así, refleja una lectura que los candidatos con mayores posibilidades de triunfo hacen respecto a las inquietudes de la ciudadanía. No obstante, al menos en el discurso público de cada uno de los contendientes, lejos de hacer planteamientos acordes a la profundidad y complejidad de los problemas, éstos se han utilizado como recurso de denostación o simple bandera con soluciones superficiales.
En el caso del combate a la corrupción, la discusión se ha centrado casi exclusivamente en la promesa de castigo a quienes han incurrido en irregularidades en la actual administración estatal y en la anterior. La frase “cárcel a los corruptos” y similares es la más repetida, sobre todo entre los candidatos de la oposición, en una competencia por demostrar quién sí puede hacerlo y quién no. El manoseo político del tema es evidente y el riesgo de que su trivialización impida que haya investigaciones serias y sustentadas, es real. Si bien es cierto que la sanción es muy importante dentro del mecanismo de control de la corrupción, la forma como se ha planteado hasta ahora tiende a estar más apegada al revanchismo que a un auténtico ánimo de justicia.
Frente a ello, se extraña en el discurso una reflexión más profunda respecto al problema que abarque soluciones de fondo como lo son el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y la construcción de un aparato autónomo y eficiente que investigue todos los delitos relacionados con actos de corrupción. La institucionalidad de la justicia debe imponerse sobre los ánimos de venganza o la lógica del linchamiento, por más atractivo que éste pueda resultar para un sector de la población y la llamada clase política.
Respecto a la seguridad, el tratamiento que ha dominado es el de la aplicación de “mano dura”, el “carácter” o el fortalecimiento del aparato del monopolio de la fuerza. Y no es que lo anterior sobre, pero la solución al problema de la criminalidad, que sigue presente en Coahuila, es mucho más compleja que la visión policial.
No se trata sólo de contención, que es una parte importante sin duda, sino también de construir una paz duradera. Y esto sólo se consigue trabajando desde la base, con inteligencia, fortaleciendo la cultura de la legalidad, respetando el estado de derecho y los derechos humanos, así como invirtiendo en capital social para disminuir en serio las enormes desigualdades existentes en la sociedad.
Por último, el desarrollo económico, ligado a los dos temas anteriores, ha sido tratado casi de forma exclusiva bajo la óptica numérica de la creación de empleos y bajo el enfoque erróneo de que el gobierno es quien genera las fuentes de trabajo. Lo dicen y repiten los candidatos, incluso hasta proyectan cifras, cuando la realidad es que son las empresas privadas las que abren los espacios laborales.
El desarrollo económico es más que prometer tantos o cuantos empleos. Es crear las condiciones materiales y sociales para que la inversión se establezca y expanda. Es propiciar que dichas condiciones a la postre redunden en mejores salarios para los trabajadores y que el desarrollo se dé sin menoscabo del medio ambiente. Es además -y esto es un asunto que se ha dejado de lado en Coahuila- velar por que todas las regiones del estado tengan, si no las mismas, por lo menos similares oportunidades de atracción de inversión. Estos son los retos a los que se enfrentará el próximo gobernador, ojalá que quien gane, sea consciente de que la realidad es mucho más compleja que el discurso de campaña.
