En 2011 el gobierno mexicano decidió, junto con los de otros 8 países, conformar la Alianza para el Gobierno Abierto para "fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI", dicha iniciativa era encabezada en el país por un Secretariado Técnico Tripartito (STT) en el que participaban el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública; el órgano garante de transparencia (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -INAI); y organizaciones de la sociedad civil.
El actual gobierno federal no fue el iniciador de dicho proyecto, pero mantuvo su participación en una iniciativa que en estos momentos incluye a 75 países, que han suscrito la Declaración de Gobierno Abierto y se ha vuelto prácticamente un compromiso de todos los países democráticos.
La declaración está basada "en cuatro principios de Gobierno Abierto: aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales; apoyar la participación ciudadana; aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos; y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas."
Los 8 países que lanzaron esta iniciativa fueron: Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo al portal de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (http://gobabiertomx.org/alianza-internacional/) "los países miembros han hecho más de 1,000 compromisos para hacer sus gobiernos más abiertos y transparentes".
Es conveniente recordar que el ex presidente norteamericano Barack Obama, lanzó la iniciativa el mismo 20 de enero de 2009, día en el que asumió su primer mandato presidencial, y ese mismo día firmó el decreto administrativo que establecía lineamientos y obligaciones para que todas las dependencias del Ejecutivo Federal impulsarán políticas públicas de transparencia y acceso a la información pública.
El pasado martes 23 de mayo, las 10 organizaciones que integraban el núcleo de sociedad civil decidieron concluir su participación en el STT porque el gobierno mexicano por "falta de condiciones para la co-creación y el diálogo". Las razones fueron básicamente dos: la ausencia de respuesta del gobierno mexicano ante las denuncias de espionaje cibernético a "tres destacados investigadores y defensores de la salud en México" denunciada por Citizen Lab el pasado 11 de febrero de 2017; y la falta de cumplimiento de distintas dependencias del gobierno federal a los compromisos adquiridos.
El flamante presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, pretendió eludir cualquier responsabilidad en el tema del espionaje, señalando que quien debe integrar los expedientes y proceder conforme a derecho es la Procuraduría General de la República, lo cual es totalmente cierto, olvida que ellos junto con la SFP son los interlocutores de la sociedad civil en el STT y, por lo tanto, como autoridad garante del acceso a la información y protección de datos personales debían encabezar la demanda de respuestas concretas frente a la denuncia de espionaje.
Pero el boletín de las organizaciones de la sociedad civil deja muy claro que el espionaje "se suma a la actuación de distintas dependencias del Ejecutivo Federal que buscaron 'disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de manera unilateral los compromisos y líneas de acción tal y como fueron acordados en las mesas de trabajo del año pasado para llegar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de Acción".
Y si el INAI puede argumentar que no es el responsable directo de investigar y proceder legalmente en contra de los autores del espionaje denunciado por la organización de la sociedad civil norteamericana, sí lo es respecto a la segunda denuncia, pues de acuerdo a la Constitución Mexicana ellos son el organismo que debe garantizar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información y, seguramente, muchos de los compromisos y líneas de acción, que se pretenden modificar tienen que ver con esa materia.
El representante del gobierno federal en dicho secretariado hasta el momento no se ha pronunciado respecto a la decisión de las organizaciones, así que parece ser que dicha instancia opta por el vacío y el silencio.
La realidad es que las tensiones en el STT ya estaban presentes y ante la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil que participaban en el mismo, los representantes del gobierno y del órgano garante optaron por ignorarlas y empezar a buscar interlocutores más cómodos, es decir, en lugar de buscar cumplir los compromisos y satisfacer las demandas ciudadanas, mejor cambiar de contrapartes.
El tema del espionaje por supuesto que es condenable y debe sancionarse penalmente, pero es la gota que derramo el vaso, pues el gobierno federal ya había incumplido con sus compromisos. Como bien señalan las organizaciones "esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad [...] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto"; pero hay que enfatizar que no es la única razón.
Esta es una evidencia más de que en materia de transparencia y combate a la corrupción, no hay un verdadero compromiso del gobierno federal, sino la intención de simularlo con la creación de instituciones e iniciativas que le permitan simplemente cubrir las apariencias.
