En medio de esta crisis en penales estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha detectado indiferencia de las entidades para atender sus observaciones y mejorar las condiciones de los reos.
Ante un panorama de fugas, construcción de túneles, riñas, motines, hacinamiento y autogobierno en las cárceles del País, los estados han retrasado múltiples proyectos para construir penales.
Tlaxcala, Quintana Roo y Tamaulipas anunciaron la construcción de centros penitenciarios, con una inversión de más de mil 200 millones de pesos, aunque los procesos caminan lento.
Otras entidades con problemas de sobrepoblación penitenciaria, como Puebla, Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Guerrero y Nuevo León, tienen archivados los planes para nueva infraestructura carcelaria, aún cuando han sido anunciados cada que brotan problemas en sus cárceles.
En medio de esta crisis en penales estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha detectado indiferencia de las entidades para atender sus observaciones y mejorar las condiciones de los reos.
El desgobierno oficial en los reclusorios se registra a pesar de que desde junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que se pretende que las autoridades recuperen la gobernabilidad de las prisiones.
