Ante este panorama, también plantean modificar las leyes generales de Partidos Políticos, en materia de delitos electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. (ESPECIAL)
La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para imponer una sanción de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien promueva o ejerza violencia política.
Esto cuando se realice por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas y actos que impidan o anulen el ejercicio efectivo de los derechos electorales.
La iniciativa presentada por los diputados perredistas Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez es analizada por la Comisión de Gobernación.
Asimismo proponen que las elecciones federales o locales sean nulas cuando existan actos u omisión que constituyan violencia política, la cual se entenderá como la acción u omisión que en el ámbito político o público tenga por objeto limitar, anular y menoscabar el ejercicio del derecho al voto.
Además pretenden promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y prohibir toda conducta que atente contra la dignidad e integridad humana y que tenga como propósito eliminar derechos y libertades políticas de las personas.
Los legisladores sostienen en su iniciativa que la violencia política se registra en distintas regiones del país, lo cual ha enrarecido la convivencia entre partidos políticos, militantes, simpatizantes y la sociedad en general.
Ante este panorama, también plantean modificar las leyes generales de Partidos Políticos, en materia de delitos electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Esto con el objetivo de atender las denuncias de candidatas y candidatos a quienes se les obstaculice su trabajo de proselitismo y hasta se les agreda físicamente.
Contreras Julián, Zambrano Grijalva y Ortega Álvarez sostienen que con estas reformas se logrará que el ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral se regirán en todo momento por el principio de la no violencia.
