Después que en el presente sexenio al que solamente le queda año y medio, la cuenta de periodistas asesinados llega a 35 víctimas. Tan sólo en menos de cinco meses de este 2017, son seis los comunicadores ultimados. Es claro que en este país el ejercer periodismo es una actividad de alto riesgo.
Por desgracia, esta semana le tocó el turno al sinaloense Javier Valdez, cofundador del semanario Río Doce en Culiacán, y corresponsal del periódico de la Ciudad de México, La Jornada. El homicidio ocurrió a media calle a plena luz del día, lo que acusa cuan seguros se sentían sus victimarios de que podían segar la vida del señor Valdez y que podían cometer su crimen sin temor alguno de ser aprehendidos.
Este lamentable hecho parece haberse convertido en el eslabón faltante de una cadena necesaria y ominosa para que las autoridades reaccionaran ante esta serie de asesinatos que de suyo denota el nivel de violencia que prevalece en el país, y deja claro que ningún interés particular ha puesto el gobierno en turno por garantizar una actividad que por su naturaleza es un elemento indispensable en el funcionamiento de una democracia viva: el ejercicio libre del periodismo.
Al contrario, los hechos demuestran que al poder público ya sea a nivel local o federal, no le ha resultado incómodo que las balas callen a aquellos que suelen publicar información que a alguien le incomoda, que a alguien le resulta perjudicial.
Antier mismo el mismísimo presidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la presión de la prensa nacional e internacional, convocó a una reunión extraordinaria en la capital de México a todos los gobernadores y al gabinete de seguridad (esta reunión por cierto le restó brillo a la Asamblea Nacional Ganadera que se celebró en Durango capital, donde el cierre estaría a cargo del primer mandatario de la nación, pero esto es secundario) para tratar el tema específico de los ataques y muerte que han sufrido miembros del gremio periodístico.
Buen orador como lo es el presidente, fue elocuente a la hora de dar cuenta de los resultados de la reunión, prometiendo que el Estado hará todo lo que esté a su alcance para garantizar el ejercicio de la información pública y el esclarecimiento de los homicidios cometidos, como es el caso reciente de Valdez. En ese acto, camarógrafos, fotógrafos y demás miembros de distintos medios de comunicación exigieron tibiamente justicia para sus compañeros de profesión ultimados.
Sin embargo, hay que ser ingenuos para confiar en que las promesas presidenciales en este tema se harán realidad, si vivimos en un México de impunidad casi absoluta, donde de cada 100 denuncias sólo 3 llegan a ser sancionadas, con qué cara Peña Nieto puede ahora decir que el derecho de ejercer el periodismo será garantizado por el gobierno, si en su sexenio más de tres decenas de acallamientos vía la muerte no han sido esclarecidos.
En la Procuraduría General de la República desde años atrás se creó una fiscalía especializada en crímenes contra el gremio, que ha resultado tan ineficiente como lo es la procuración en general.
Sin duda que una sociedad donde no esté garantizado el libre ejercicio del periodismo, es una sociedad mutilada en uno de sus derechos humanos. La carencia de una prensa crítica es un elemento que denota su rezago, como en los hechos está ocurriendo en México.
Sin embargo, hay que ser cuidadosos y no permitir que en la respuesta del gobierno se destinen recursos sólo para proteger a los periodistas, mientras se continúa dejando a la buena de Dios al resto de la sociedad. El problema es la impunidad generalizada propiciada, cierto por la corrupción, pero además por la mezquindad que reina entre nuestros políticos que saben que ahora el pragmatismo para sus intereses particulares y de grupo está por arriba de la responsabilidad fundamental para aquellos que gobiernan, que es garantizar la seguridad física de sus gobernados.
Por eso estamos tan indignados, porque no nada más son los asesinatos impunes a periodistas, son los miles de homicidios sin castigo en todo México.
