— Francisco Rivas
2017 Parece iniciar como un año violento. Este primer trimestre ve aumentos del 30 % del número total de casos de homicidios dolosos, 32 % de robo con violencia y un escandaloso 47 % de robo a negocio -entre otros delitos que también experimentaron incrementos- si se compara contra los datos oficiales del primer trimestre de 2016.
Mientras el país vive una de sus peores crisis de violencia de los últimos años, la autoridad federal presume detenciones importantes de los llamados "objetivos prioritarios"; delincuentes que han acabado con vidas y generado un profundo daño a la sociedad.
Un elemento que acomuna a este tipo de delincuentes es que, aparentemente, a través del ejercicio de la violencia han logrado acumular fortunas que incluyen bienes inmuebles y una cantidad importante de dinero en efectivo. Fortunas mal habidas que permiten perpetuar la actividad criminal, que compran protección, voluntades y justicia de autoridades corruptas, que permiten delinquir aún desde un centro penitenciario o fugarse de él sin mayor dificultad.
Dice el dicho que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Sin embargo, la realidad parece desmentirlo, ya que por lo menos, en el caso del dinero, parece que sí se puede. Sin importar cuántas bandas desarticulen, cuántos criminales detengan, el dinero rara vez aparece. Las bandas no se ven particularmente afectadas con la detención de sus integrantes, y es que gracias al dinero se recomponen rápidamente y el sistema penitenciario no representa un reto, con dinero entra y sale de un penal lo que sea, no importa lo que diga la ley.
Ese dinero manchado de dolor y sangre de víctimas debe atacarse si se quiere comenzar a reducir el poder de los delincuentes, y debe destinarse al fortalecimiento institucional y la reparación del daño de las víctimas.
Nuestros vecinos del norte plantearon la posibilidad de construir el ominoso muro con el dinero de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", como evidencia del tamaño de las fortunas de los delincuentes. Si los norteamericanos son capaces de plantear que el dinero de los enemigos de la sociedad se use en algo que produce un beneficio -para ellos-, ¿por qué en México ese dinero no se utiliza para contar con instituciones bien equipadas, capacitadas, motivadas? ¿Por qué no se utiliza para becar a los hijos de los policías caídos o simplemente para pagarle mejor a policías y ministerios públicos? Aún más, si el dinero para la bolsa pública no es suficiente, ¿por qué no se usa para generar el entramado capaz de tratar de reparar el daño económico, físico y social, que ser víctima del delito significa, que la ley prevé y no se cumple, precisamente por falta de recursos?
Con esto en mente, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) acordamos con la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), dar a conocer semestre a semestre, el número de bandas detenidas, montos de extinción de dominio logrados y número de personas a las que el Estado les reparó el daño.
Este ejercicio innovador busca poner en evidencia resultados (o ausencia de los mismos), y nos debe llevar a poder identificar dónde debemos acelerar y en qué fallamos.
Tras por lo menos una década de violencia, es hora de que empecemos a ver resultados en el combate al delito, y esto pasa necesariamente por reducir el poder económico de quien doblega voluntades porque puede comprarlas o porque compra los medios para doblegarlas con la violencia.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
