Pablo Chávez Rossique, extesorero municipal de Torreón en la administración 2010-2013, dice que lamentablemente para quienes deseaban lo contrario, no está detenido, tampoco se encuentra prófugo, y el caso legal que enfrenta no se relaciona con un caso de corrupción ni de impunidad, como lo aseguraron el candidato al gobierno del Estado por el PAN Guillermo Anaya y la exsíndica panista Natalia Virgil Orona.
Desde hace tres años se encuentra en este proceso bajo fianza o libertad bajo caución, en procedimiento que se sigue ante el Juez Primero de Distrito en la Laguna.
“Ni soy un ladrón ni procedí con dolo, esto es un tema meramente técnico y administrativo, de ninguna manera es desvío de recursos. Tampoco creo enfrentar venganzas políticas. Esto es sólo un proceso legal que atiendo desde hace tres años como resultado de un desacato por el tema de la no devolución del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI )a dos ciudadanos a los que no se les alcanzó a pagar”.
Chávez Rossique, empresario de 51 años, dice a la distancia, “volvería a proceder como lo hice entonces y de acuerdo con las condiciones legales que prevalecían en aquellos años en que formaba parte del gobierno municipal y cuando los términos en que se encontraba el Código Financiero de Coahuila era anticonstitucional, algo que no era mi culpa”.
Este viernes se dio a conocer que en contra de Pablo Chávez Rossique, el Juez Primero de Distrito en la Laguna dictó sentencia condenatoria de prisión y una multa de 12 mil 276 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos e inhabilitación por diez años para obtener otro cargo, empleo público, por la comisión del delito de violación a la Ley de Amparo en su Artículo 267.
Se trata de incumplimiento a una sentencia de amparo, recaída en un juicio de amparo desde el año 2012.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que obtuvo una sentencia de 10 años de prisión a través de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) Delegación Estatal Coahuila contra Chávez Rossique.
"NADA MAS FALTÓ QUE ME CORTARAN LA CABEZA"
En entrevista con El Siglo de Torreón, Chávez Rossique dice que se trata de un procedimiento injusto lo relacionado con su sentencia, dado que no se están considerando muchos factores de una situación legalmente atípica.
“Efectivamente tengo una sentencia condenatoria del juez primero de Distrito en la Laguna por 10 años, 5 por cada uno de los dos casos de ciudadanos a los que no se les devolvió el ISAI a razón de 7 mil 500 uno y 700 pesos el otro, así como el tema del desacato. Me fue notificado hace una semana y el martes se interpuso el recurso de Apelación, el viernes pues fue filtrada la información y muy apropiada con fines electorales pues de ella se quieren aprovechar”.
Destaca que por las condiciones en que se emitió la sentencia condenatoria, la multa y la inhabilitación para cargos públicos, “pues ya sólo falta que ordenaran que me cortaran la cabeza…. Claro que existe la inquisición”.
Este caso se remonta al año 2010, cuando Pablo Chávez fue tesorero. En ese año se presentaron dos demandas de igual número de ciudadanos que hicieron la reclamación del ISAI. 14 años antes de esa fecha, la emisión del Código Financiero para el Estado de Coahuila se encontraba ilegal por la falta de la firma del secretario de Finanzas por lo que el cobro del ISAI era ilegal.
Este detalle fue descubierto en 2010, pero luego en 2011, en 2012 aumentó la cantidad de ciudadanos que reclamaron la devolución del dinero lo que se dio aparejada con una creciente demanda de actividades inmobiliarias que implicaban el pago del impuesto y el reclamo posterior.
Explica que “la laguna legal que había entonces le abrió la puerta a muchos contribuyentes que apoyados por abogaditos y notarios públicos muy creativos por decir lo menos que se convirtieron en una mafia e hicieron el tema un gran negocio. Tuvimos que cerrar la caja de pago del ISAI porque el problema creció”, dice.
Fueron mil 110 solicitudes de devolución en 4 años las que se presentaron. Pero sólo se alcanzó a cubrir cerca de 750 devoluciones y el monto aproximado de pagos que se hicieron fueron de 27 millones de pesos, de un monto total reclamado de 42 millones de pesos.
“No había dinero para este rubro, pues no se tenía presupuestado. Tampoco existía el concepto por el cual pagarlo.
El “error” en la emisión del Código Financiero de Coahuila se corrigió en el Congreso del Estado en el penúltimo mes del 2013, precisamente al final de un año de crisis.
Derivado de esta situación legal, imputable desde entonces al Congreso del Estado, la administración municipal siguiente tuvo que seguir pagando estas devoluciones por un monto de aproximadamente 17 millones de pesos.
Chávez Rossique detalla que las críticas de Guillermo Anaya se derivan en gran parte porque apoya al despacho que apoya a la empresa Ecoagua que perdió el juicio por la posesión de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Torreón y a la que el despacho Nassar Nassar y Asociados, de la que forma parte, le ganó el caso.
Chávez Rossique dice que se trata de un procedimiento injusto lo relacionado con su sentencia, dado que no se están considerando muchos factores de una situación legalmente atípica. (FERNANDO COMPEÁN)
