La ola de violencia que ha sacudido a México desde el sexenio de Felipe Calderón, y que ha tenido en la cifra de homicidios dolosos su principal indicador -aunque no el único-, ha motivado fuertes discusiones en la llamada clase política y el círculo rojo respecto a si lo que se vive en el país es una guerra y si la República Mexicana entra en la categoría de estado fallido. En este sentido, varias organizaciones no gubernamentales internacionales han puesto la lupa sobre la situación de los Derechos Humanos, el estado de derecho y la seguridad en la entidad nacional más débil de Norteamérica. Cada estudio, cada señalamiento, cada advertencia, es motivo de polémica.
Un nuevo capítulo en esta discusión se abrió la semana pasada con la publicación de la Encuesta sobre Conflictos Armados 2017 del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), que ubicó a México como el segundo país más letal del mundo, sólo por debajo de Siria y por encima de Irak y Afganistán. El dato que se usa como referencia es el de la cifra de muertes violentas (asesinatos), la cual en 2016 en México alcanzó las 23,000, según el reporte. Siria, que vive desde hace seis años la peor guerra civil de su historia, registró alrededor de 50,000 decesos, mientras que Irak y Afganistán, países invadidos recientemente por Estados Unidos y con una fuerte presencia de grupos terroristas, 17,000 y 16,000, respectivamente.
La reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto no se hizo esperar y corrió a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Luis Videgaray. La respuesta se basa en tres planteamientos fundamentalmente: el rechazo de la cifra de homicidios dolosos reportada en el estudio y de que todos los casos estén vinculados a la lucha contra y entre cárteles; que ni la existencia de estos últimos ni el uso de las fuerzas armadas para combatirlos son criterios para considerar que en México hay un conflicto armado, y que sería más viable comparar tasas de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes que datos netos, es decir, establecer la proporción según el tamaño de población. En este último punto ciertamente México cuenta con tasas inferiores a las de países latinoamericanos como Honduras, Venezuela y Brasil.
Respecto a la cifra de homicidios dolosos, si bien es cierto que, como dice la cancillería, el dato oficial no ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existe uno que puede considerarse preliminar y que se basa en los reportes que hacen la procuradurías y fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según esta fuente, en 2016 se cometieron 20,824 homicidios dolosos en todo el país, es decir, poco más de 2,000 menos que los mencionados por el instituto internacional en su estudio. De cualquier forma, son más que los registrados en Irak y Afganistán, referencia central que se utiliza para ubicar a México en el lugar número dos de la lista de países con más muertes violentas en conflicto.
A raíz de la respuesta del gobierno mexicano, el IISS se subió a la discusión y expuso los criterios que usó para considerar que lo que ocurre en México es un conflicto armado. Antes de mencionarlos, cabe comentar que el IISS no es una organización improvisada, ya que surgió hace 20 años en Gran Bretaña y está calificada como el décimo tercer mejor centro de análisis social en el mundo. Los criterios que considera este "think tank" para señalar que un país está en conflicto o que, por el contrario, simplemente enfrenta altos niveles de criminalidad son: la duración y la intensidad de la violencia; si esta violencia representa una amenaza para el Estado y para el ciudadano; si está en juego el control territorial de las fuerzas gubernamentales, y si éstas han reconocido la amenaza en estos términos y han respondido en consecuencia. El diagnóstico que hace el IISS es que, según estos criterios, México califica como un país en conflicto.
Esta controversia dista mucho de ser estéril, ya que de la conclusión que saquen los representantes de la República depende la forma en la que se abordará el problema. A las consideraciones del instituto internacional hay que sumar otras que están en discusión actualmente. Por ejemplo, el reconocimiento de la mayoría de los partidos políticos de que una buena parte de los municipios y estados han sido rebasados o penetrados por el poder de los cárteles del narcotráfico. Y frente a este hecho, la aceptación de la necesidad de que las fuerzas armadas intervengan ante situaciones de alto riesgo o descontrol en ciertos territorios, como ha venido ocurriendo desde el sexenio pasado. Lo preocupante es que a pesar de estas intervenciones, la violencia en el país no ha disminuido y todo indica que, de seguir el actual ritmo de asesinatos, el presente sexenio terminará siendo aún más violento que el anterior.
Resulta ominoso que ante la gravedad del problema, gobiernos estatales y partidos políticos asuman una postura por demás irresponsable como lo es repartirse la culpa de la inseguridad que se vive. En ese sentido, hemos visto que, sobre todo en campaña, los priistas, panistas y perredistas, principalmente, se acusan de ser los causantes -por omisión, negligencia o complicidad- de la descomposición, sin actuar en consecuencia y sin asumir la responsabilidad propia. ¿México está en guerra? ¿Es nuestra República un estado fallido? Tal vez la respuesta más certera esté en los ciudadanos, quienes en algunas regiones del país, en algunos sectores de las ciudades, viven en un auténtico estado de guerra, en donde la presencia del gobierno es casi nula o inexistente, mientras que la del narco, omnipotente, lo cual habla de que la estructura del estado al menos en esos territorios es fallida.
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