Como muchos otros delitos, el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos se disparó con el inicio de la estrategia de combate al crimen organizado, implementada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón y mantenida por el actual presidente Enrique Peña Nieto, por ello llama la atención que el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pretenda ahora responsabilizar del crecimiento a las autoridades estatales.
El General tiene razón al afirmar que es un problema añejo, pero en crecimiento y que "no es del Ejército ni de las Fuerzas Armadas, es un asunto que deben resolver los gobiernos", pero exactamente lo mismo es aplicable para todos los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Vale la pena recordar que el 7 de noviembre de 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo, expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en la que se establece con toda claridad que su combate le corresponde al gobierno federal y aunque originalmente no se encontraba entre los delitos contemplados en la misma, la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, el 12 de enero del 2016 se agregó una fracción para incluirlos.
Al margen de que dicho delito en específico no se encontrara en dicha ley es un hecho que fueron los grupos de delincuencia organizada, dedicados a otras actividades delictivas como el tráfico de drogas y otros más si contemplados en dicha legislación, los que ampliaron sus operaciones al robo de combustibles. Así que aunque la prevención y persecución de ese delito en específico no se encontraba dentro de las facultades de las autoridades federales, sí eran éstas la que debían perseguir a los grupos que las perpetraban, porque eran los mismos que cometían otros delitos sí contemplados dentro de la legislación en comento.
También tiene razón el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, cuando en el mismo acto al que acudió Cienfuegos, señaló que el robo de combustibles "es una provocación de los criminales sin escrúpulos, organizados y que amedrentan a la comunidad". Sin embargo, en lo que no tienen razón ninguno de los dos es en querer deslindar de responsabilidades al gobierno federal y nuevamente, como ha sido a lo largo de todo el sexenio, atribuírselo a los gobiernos estatales.
El gobierno federal, como también ha sido constante este sexenio, decidió emitir una nueva legislación para especificar que los "delitos cometidos en materia de hidrocarburos" son materia del fuero federal, es decir, corresponde a esta instancia la prevención y sanción de los mismos. Esta nueva legislación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016, mismo día en que se incluyó dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la ya citada.
Ni la ley ni la centralización de las atribuciones resolvieron absolutamente nada, al contrario es una realidad que el delito -tal como afirman los dos secretarios- está en crecimiento. De acuerdo a afirmaciones del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, publicadas en el portal de Animal Político, el 3 de febrero de este año: "El robo de combustibles en México en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas locales a ser la segunda fuente de financiamiento de narcotraficantes y provocar pérdidas millonarias al Estado".
En la misma información se señala que en 2010, Pemex reportaba 691 tomas clandestinas en la red de ductos y para el 2016, la cifra ya ascendía a 6 mil 159 tomas clandestinas; y en cuanto a los litros perdidos en 2010 eran mil 692 millones de litros de combustible y en 2016, 2 mil 282 millones de litros. El año a las finanzas públicas entre el 2009 y 2016 por fugas y robo de combustible se calcula en 159 mil 957 millones de pesos.
El tema todavía cobró mayor espacio en los medios de comunicación masiva del país a partir del enfrentamiento entre los huachicoleros y el ejército el viernes 5 de mayo, que dejó como saldo 10 muertos, entre ellos 4 militares, y 12 detenidos. Un video difundido en redes sociales evidencia la ejecución extrajudicial de un civil, colocó nuevamente en el centro de la polémica al Ejército Mexicano.
Pero todo esto lo que realmente evidencia, una vez más, es el fracaso de la estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, acabar con la impunidad y pretender hacer imperar el Estado de Derecho. Ni la militarización ni la centralización de funciones en el gobierno federal ni la promulgación de nuevas legislaciones son la vía para lograrlo, mientras se insista en mantener el mismo rumbo.
Ya es tiempo de diseñar una nueva estrategia integral de combate al crimen organizado dejando de lado lo que no ha funcionado, replanteándola totalmente. En este caso sí es pertinente el partir de cero, esto no quiere decir desechar toda la experiencia, pero sí implica que se tiene que replantear totalmente la misma, partiendo de abandonar la lógica de centralizar la misma en el uso de la fuerza pública como la columna vertebral de la misma y dejarla como un eje más, al lado, de políticas sociales y económicas que permitan combatir con igual intensidad las causas estructurales que la provocan.
Más leyes sin una nueva estrategia integral simplemente profundizarán el fracaso.
