Junto a la participación ciudadana, el debate es la esencia de la democracia. No se puede entender un régimen que aspira a ser democrático sin la discusión de ideas, propuestas y puntos de vista. Desde la cuna de la democracia, la Atenas de Temístocles, Efialtes y Pericles, quedó claro que el debate público es pilar fundamental de este sistema político. En contraste con los regímenes monárquicos absolutistas, oligárquicos o dictatoriales, la democracia necesita de la confrontación de planteamientos para su desarrollo. Si no hay debate público, no hay democracia. Así de sencillo.
Entendido lo anterior, llama la atención de forma negativa el hecho de que para la elección de gobernador en Coahuila el Instituto Electoral de Coahuila sólo haya organizado dos debates, habiendo tanto que discutir respecto a los problemas de la entidad y las propuestas para resolverlos. Cinco horas distribuidas en dos encuentros son insuficientes para valorar los contenidos y soportes de cada uno de los siete candidatos. Y con mayor razón cuando los formatos de esos debates no contribuyen al libre intercambio de ideas y propuestas, aunque sí a la burda descalificación.
Revisemos el escenario político coahuilense para profundizar en la necesidad de que el órgano electoral organice más y mejores debates. Partamos del hecho de que el piso no es parejo para todos los contendientes. Mientras que los partidos tradicionales cuentan con una mayor disponibilidad de dinero público, estructura, tiempos y espacios oficiales en medios de comunicación, los partidos más pequeños y los candidatos independientes apenas si pueden acceder a estos recursos. Esta desventaja sólo puede compensarse actualmente con el peculio del propio aspirante o el apoyo sustancioso y decidido de grupos empresariales, tal y como ocurrió con Jaime Rodríguez Calderón, alias "El Bronco", en Nuevo León.
En este contexto de desigualdad, la mejor forma de compensar y permitir a los ciudadanos conocer, en igualdad de circunstancias, las propuestas de todos y cada uno de los candidatos es el debate. Si los órganos electorales se decidieran a organizar más debates, en distintos escenarios y con diferentes temáticas, las ventajas que ahora tienen los partidos grandes disminuirían considerablemente. Más aún. Si se entendiera que el debate es parte esencial de la democracia, tal vez no sería necesario tanto derroche de recursos, públicos y privados, y los candidatos estarían obligados a romper sus zonas de confort, es decir, sus burbujas clientelares de aplausos y matracas, para construir plataformas y propuestas más creíbles, viables y con mejores argumentos.
Pero para que el debate cumpla su objetivo debe desarrollarse bajo un formato muy distinto al que se usa ahora. Para comenzar, la estructura debería ser más flexible, de manera que permita el intercambio dinámico de las ideas y contrapuntos. Luego, no debería permitirse que, salvo en los discursos de arranque y cierre, los candidatos leyeran sus planteamientos; si en verdad tienen un proyecto para mejorar la realidad del estado y superar sus problemas, ellos tienen que conocerlo mejor que nadie. ¿En serio a nadie le parece extraño que para preguntas sorteadas los aspirantes ya tengan sus respuestas escritas? ¿Acaso no pueden sostener un argumento durante dos minutos sin la necesidad de leer? Eso no es debatir, eso es intentar engañar a la ciudadanía.
Mención aparte merece el tema de las descalificaciones. Lo más fácil e irresponsable es tomar un micrófono o subir a un templete para insultar, calumniar y difamar. Pero eso tampoco es debatir. Es estar dispuesto a ofrecer un espectáculo grotesco con el fin de manchar el nombre del contrincante. Y no se trata de asumir una postura moralina, sino de hacer responsables a los candidatos de sus dichos. Si a alguno le consta que su rival es un ladrón, narcotraficante, lavador de dinero, extorsionador o cualquier otro adjetivo que han utilizado los candidatos, lo mínimo a lo que está obligado es a presentar una denuncia por los cauces legales correspondientes. Sólo entonces se les debe permitir que en un debate hagan un señalamiento contra una persona y en el entendido de que es inocente hasta que un juez falle lo contrario.
Esto no quiere decir que se inhiba en el debate el cuestionamiento o la crítica hacia la gestión de un candidato cuando ejerció otro cargo público. Al contrario. En la medida que se les exija a los participantes de un debate a hablar sobre certezas y dudas razonables y a alejarse del insulto fácil e irresponsable, tendrán que concentrarse en exponer las verdaderas debilidades de su rival como político, las incongruencias de su discurso, la inviabilidad de sus propuestas o las mentiras de su retórica. En suma, un debate con estas características sería mucho más productivo y útil para el ciudadano.
Abrir vía libre a la descalificación sin argumentos puede contribuir a profundizar el desencanto general de la ciudadanía por la actividad política al hacer parecer que todos los políticos son corruptos o, cuando menos, tienen cola que les pisen. Si la tienen y alguien lo sabe a cabalidad, está obligado moral y legalmente a hacer todo lo posible por que se le sancione. Si no, se convierte en cómplice, un cómplice disfrazado de rival que a la larga lo único que hace es contribuir a mantener el status quo y sacar provecho del mismo.
Es hora de modificar el papel que tiene el debate en la democracia mexicana para darle la relevancia que requiere, así como cambiar el formato por uno que obligue a los políticos a comportarse con mayor responsabilidad y profesionalismo de cara a la ciudadanía, pero, sobre todo, a hablarles con la verdad a aquellos a los que les piden su voto. Estoy convencido de que la calidad de nuestra democracia y, en consecuencia, de nuestros gobernantes y representantes, mejorará en la medida que se le dé al debate la importancia que merece. Y quien rehúya a este tipo de debate, simplemente no quiere o no puede gobernar democráticamente. Así de fácil.
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