Desde finales del sexenio del panista Vicente Fox, la seguridad pública se ha convertido en la prioridad número uno para el Estado mexicano, al menos en cuanto a asignación presupuestaria se refiere. Decenas de miles de millones de pesos se han invertido en la última década para fortalecer a los cuerpos policiales y enfrentar una criminalidad cada vez más desafiante. Especialistas coinciden que nunca antes se habían destinado tantos recursos para combatir la inseguridad. Con este nivel de inversión se esperaría que la situación fuera distinta a la que hoy vivimos, pero la realidad es que desde hace una década se vive la peor ola delincuencial de la historia reciente del país.
Sucesos como los reportados en Reynosa, en donde el crimen organizado ha impuesto un verdadero reino del terror; en Puebla, en donde una banda de “ordeñadores” de combustible ha desafiado al propio Ejército Mexicano; en Nuevo León, en donde los centros penitenciarios se encuentran fuera del control gubernamental; en Estado de México y Ciudad de México, en donde los robos violentos y agresiones a mujeres forman parte ya de la cotidianidad, son sólo las muestras más evidentes en estos días del fracaso de la seguridad pública.
El diagnóstico parece claro desde hace años: la debilidad del estado de derecho en México tiene que ver con instituciones de seguridad y procuración de justicia frágiles y vulnerables frente al poder corruptor del crimen organizado, por una parte y, por la otra, a una situación social compleja de desigualdad y marginación que ha propiciado la creación de un caldo de cultivo del que también se alimenta la delincuencia. Pero hay un factor que es quizá más influyente: el escaso o nulo interés de los gobiernos por cortar de tajo las fuentes de financiamiento de los cárteles. Sin una estrategia que haga frente por igual a estos tres detonadores de inseguridad, será muy difícil ver resultados en el mediano, incluso, en el largo plazo.
En el ámbito estricto de las fuerzas policiales, si revisamos el número de agentes disponibles nos daremos cuenta fácilmente que el problema no es una cuestión de cantidad. El modelo policial parece haber sido rebasado desde hace tiempo. Municipios, estados y la propia Federación han creado nuevas corporaciones sin que esto repercuta en una mayor seguridad. Ahí está, por ejemplo, la Gendarmería, el proyecto estrella del presidente priista Enrique Peña Nieto, que entre sus objetivos tendría el frenar el robo de combustible, la segunda, y en algunos casos, primera, fuente de financiamiento del crimen organizado.
En este marco de descomposición, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se ha propuesto desde la capital de la República impulsar una agresiva campaña para, en una primera etapa, enfrentar lo que la ONU ha calificado como “la epidemia de homicidios” en México. Los ejes son: fortalecer la procuración de justicia y reducción de la violencia; consolidar policías orientadas al modelo de solución de problemas; desarrollar un programa efectivo de desarme y registro de armas; impulsar programas de prevención prioritaria, y mejorar la capacidad de sistematización y análisis de la información estadística sobre homicidios.
La iniciativa es loable y se asemeja a una última llamada para iniciar un proceso de reconstrucción del sistema policial y de procuración de justicia. Pero es importante que las autoridades se sumen a este esfuerzo con voluntad decisiva, apertura suficiente y los recursos necesarios para impulsar las estrategias propuestas. De lo contrario, quedará nuevamente en un listado de buenas intenciones.
