En mi artículo pasado escribí sobre los gobernadores imputados y los métodos y acciones a través de los cuales, el crimen organizado se ha apoderado del control político de gran parte del país.
En inseguridad, Estado de Derecho y justicia México atraviesa una crisis más grave que la de Colombia en la época de Pablo Escobar. El narcotráfico es el principal problema de seguridad nacional y se ha vuelto un freno al desarrollo del país, ya que las inversiones no fluyen como se esperaba.
Lo más grave estriba en la subcultura de la impunidad, que gana adeptos, pues hoy gente como los huachicoleros cuenta con la simpatía popular, al igual que en una época pasaba con los contrabandistas y por supuesto, con los narcotraficantes, pues se asumen enemigos del Estado y de los políticos y gobernadores corruptos que saquean al país o a Pemex, y se ostentan aquellos como supuestos benefactores del pueblo.
Por otra parte, el sueño de las organizaciones ciudadanas se volvió feudo de los partidos políticos, tristemente este fenómeno ha pasado con el INE, el IFAI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y me temo que lo mismo pasará con la Procuraduría General de la República (futura Fiscalía General de la Nación) ahora que se decrete a los cuatro vientos su "ciudadanización" por la autonomía.
México corre peligro y lo peor es que no hay voluntad para instrumentar cómo salir de este enorme problema. Hemos salido de encrucijadas, pero ésta se antoja mucho peor que las anteriores. Al Presidente se le han restado facultades y poderes y éstos se han trasladado a Cámaras, partidos y gobernadores, quienes controlan los organismos autónomos y ciudadanos.
Hoy México está en posibilidad de abatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada, ya que, desde el año 2000, ellos han lastimado a la población con el llamado "derecho de piso", "derecho de paso", secuestro, extorsión y homicidio, y por lo mismo ha aumentado el repudio hacia aquellos.
Sin embargo, esta realidad no está clara a los ojos de la opinión pública por la mezcla de corrupción policial y delincuencia.
No hay corporación competente policial del Estado capaz de reducir y reprimir a los cárteles de la delincuencia, de tal manera que solamente las Fuerzas Armadas serían capaces de tal encomienda con el apoyo social.
Sin embargo, para que las Fuerzas Armadas actúen es urgente dotarlas de un marco jurídico, asignarles competencia semejante a la Policía Federal.
El marco jurídico del Ejército y la Marina para esos efectos, además de facultativo, debe ser limitativo.
Las Fuerzas Armadas deben sujetarse a la Constitución y sobre todo acatar las órdenes del Ministerio Público (o fiscal) y de los jueces. Su sujeción en estos términos es parte de su control legal.
El órgano constitucional encargado de investigar y perseguir los delitos sigue siendo el Ministerio Público. Éste debe funcionar y por ello, deben comisionarse, como en Italia, fiscales asignados a los cuarteles, que trabajen con el mando de las fuerzas militares asignadas a la persecución y combate de la delincuencia organizada. A los mandos militares les correspondería el orden jerárquico y al órgano constitucional del Ministerio Público el mando funcional. Es un riesgo, estoy consciente de ello, pero no hay otra institución capaz de resolver el problema.
El Ejército no podrá actuar sin freno o por encima de la ley. Esta idea es distinta de la que puso en marcha el presidente Calderón, que envió a las Fuerzas Armadas a la guerra sin herramientas jurídicas.
Por otra parte, se requiere una estrecha colaboración internacional. La cocaína sólo se puede producir en Sudamérica. La amapola se encuentra en crecimiento constante en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, y los precursores químicos que se utilizan para su procesamiento provienen de países desarrollados.
La conjunción norte-sur ha funcionado para lo malo, no así para la justicia y el Derecho.
La respuesta es urgente y no debe ser dejada en el tintero, por eso indigna que a los legisladores les preocupe más un delfinario en Cancún que la corrupción y el narcotráfico, especialmente en los gobiernos estatales.
(Exprocurador de la República)
