En los primeros cien días de gobierno del presidente Donald Trump destacan dos iniciativas presidenciales que evidencian el deterioro de las instituciones norteamericanas: una, la ruta de la denominada "opción nuclear" para sacar adelante la nominación de Neil M. Gorsuch, como nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia norteamericana; y dos, el anuncio de que el presidente propondrá una reforma fiscal que lo beneficia directamente.
Ambas son manifestaciones muy comunes, en general, en las llamadas democracias emergentes y, en particular, en México, como muestras claras de la debilidad del Estado, sin embargo, son totalmente anormales en las democracias consolidadas, donde la fortaleza institucional evita este tipo de prácticas.
De hecho hace muy pocos meses hubo una clara manifestación de la fortaleza institucional de la Gran Bretaña, cuando el Parlamento votó la salida de la Unión Europea, pues aunque la mayoría de los legisladores estaban en contra de la misma, respetaron la decisión de la mayoría de los votantes que optaron por apoyar el Brexit. Un ejemplo de respeto a la soberanía popular a pesar de que la mayoría de los parlamentarios británicos pensaban lo contrario.
Una de las promesas de campaña de Donald Trump fue proponer a un juez conservador para ocupar la vacante existente en la Suprema Corte, tras la muerte del también conservador Antonin Scalia el año pasado. Y en ese sentido el cumplió su compromiso con sus electores. Pero el problema está en que para la designación de los ministros de la Corte la ley establecía una mayoría calificada de 60 votos y, como Gorsuch únicamente alcanzaba 55 votos, es decir, le faltaban 5, Trump ordenó eliminar dicha disposición y aprobarlo por mayoría simple.
Trump logró sacar adelante su propuesta, una de las pocas batallas que ha podido ganar en el Congreso norteamericano, pero sentó un pésimo precedente, pues a partir de este momento la designación de los ministros ya no requiere la mayoría calificada, que obligaba a los presidentes a ser más rigurosos en la selección de las propuestas que hacían.
La designación de los ministros de las cortes constitucionales es una de las piedras angulares de la división de poderes en la democracia y, precisamente, por ello se les reserva un tratamiento especial. Nada de esto le importó a Trump y, desde luego, tampoco a los senadores republicanos que optaron por cambiar las leyes, antes que perder una votación. Trump y los republicanos empezaron a dinamitar la sólida institucionalidad norteamericana.
Pero pasó muy poco tiempo para que Trump diera otra muestra de su estilo "bananero" de gobernar, pues el miércoles pasado, pocos días antes de cumplir los 100 días de gobierno y ante los malos resultados que ofrece hasta el momento, decidió anticipar los principales elementos de su propuesta de reforma fiscal. Aunque quedaron muchas dudas y los analistas consideran que no pasará, pues la misma provocaría un crecimiento del déficit fiscal norteamericano, ha llamado la atención que propone la cancelación de la denominada "tasa mínima alternativa", que aplica únicamente a los contribuyentes con ingresos mayores a 1 millón de dólares al año y del impuesto a las herencias.
Aunque Trump se ha negado a revelar sus declaraciones de impuestos, lo cual constituye igualmente un precedente negativo, ya que es el primer presidente desde Gerald Ford (1974-1978) que se niega a difundir dichos documentos, hace algunos meses se filtró la declaración de impuestos del 2005 y la misma revela que la tasa mínima alternativa lo obligó a pagar aproximadamente 31 millones de dólares, en dicho año. La tasa mínima alternativa busca cerrarle el paso a la elusión de impuestos y aplica para los grandes contribuyentes (aproximadamente una quinta parte del total de los contribuyentes norteamericanos) que presentan declaraciones con altos ingresos y muchas deducciones, que les permitirían eludir el pago de impuestos.
La otra disposición que en algún momento también significaría un beneficio para la familia presidencial es la eliminación del impuesto a las herencias, pues el capital del hoy presidente pasaría a su esposa e hijos íntegro, sin necesidad de pagarle un centavo al fisco norteamericano.
Es un hecho que Trump y su familia se beneficiarán de las reformas que el presidente está proponiendo, sin embargo, dado que él se niega a revelar sus declaraciones de impuestos y patrimonial es imposible determinar el monto del mismo. El legislador demócrata Thomas E. Perez, declaró -según publicó The New York Times, en su edición del 27 de abril: "Trump debe entregar sus declaraciones de impuestos, como demandan millones de americanos, antes de que el Congreso pueda considerar cualquier plan fiscal de Trump. Debemos saber cuánto se beneficiaría financieramente Trump de su propia propuesta".
Una de las premisas básicas del Estado de Derecho -dimensión indispensable de una democracia- es precisamente el establecer límites muy claros a la acción de los servidores públicos y, entre los abusos que pretende evitar, es el legislar en beneficio propio. Y todo indica que Trump intentará hacerlo.
Las dos manifestaciones no serían ninguna sorpresa en las democracias emergentes, pero sí lo son en una democracia consolidada, donde se respetan las leyes y rige el Estado de Derecho. Sin embargo en estos primeros 100 días de Trump ya cambió una ley, cuando le resultaba incómoda; y anunció que propondrá una reforma fiscal que lo beneficia directamente. Las dos son expresiones irrefutables de debilidad institucional y muestras de la decadencia del estado norteamericano.
