Expulsión de Moreira no es suficiente: investigador

Humberto Moreira está fuera del PRI. Pero "deslindarse de él no significa perseguirlo", dice Eduardo Cornejo, maestro en sociología política del Instituto Mora, de la decisión de expulsar al exgobernador de Coahuila por contender en la elección local por el Partido Joven.

Moreira fue "la punta del iceberg" de todos los casos de corrupción que hoy involucran a gobernadores, dice. Sin embargo, hasta ahora no hay en su contra ninguna acción judicial -al menos conocida-, pese a las denuncias que ha presentado el PAN y las acusaciones en Estados Unidos y España que lo han vinculado con el narcotráfico.

"Moreira pertenece a la cárcel" y su expulsión no es suficiente, advierte Rodrigo Salazar, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Con su caso, agrega, crece la percepción de que en el PRI prevalecen "el desaseo y el descontrol", aunque también puede ser su apuesta por aparecer como un partido que combate la corrupción y convertir este hecho en un tema electoralmente redituable, dice.

El investigador de la Flacso explica que el hecho de que Moreira contienda por un partido distinto al suyo fue "una muestra flagrante de indisciplina", pero no es una novedad en el PRI ni en el resto de los partidos. "Es lo que siempre hacen los priistas y el resto cuando no consiguen una buena posición, y Moreira le está jugando a conseguir algo mejor por fuera", dice.

Es lo que ocurre cuando a los poderes regionales les queda corto su partido. "Dicen: si mi partido no me da una posición como la que yo quisiera, bueno, hay otros partidos que van a valorar el poder local que tengo y puedo conseguir un buen trato".

Sin embargo, puede haber algo positivo de todo lo que ocurre con exgobernadores como Moreira, dice Salazar. Y es que "podría ser un síntoma de que en el futuro los políticos tendrán que mantener al menos una imagen de pulcritud, o por lo menos no llegar a la desfachatez que hemos visto, porque puede salirles caro".

Dice: "Los políticos están notando que la corrupción es costosa en términos de imagen pública. Esto quiere decir que cuando se percibe que un partido o un político es corrupto puede perder elecciones o que podría ser electoralmente redituable dar la imagen de que se combate la corrupción".

Es algo que estamos viendo por primera vez en México, dice. "Se está creando el precedente para que los políticos en funciones no se sientan tan a salvo, aun si gozan de la amistad del presidente, porque ya no es suficiente, pues hay relaciones que son políticamente insostenibles".

En adelante, asegura, el presidente va a tener que evaluar cuánto tiempo puede solapar a "un bribón", a cambio de su cooperación. "Tendrá que sopesar su cooperación con el daño en términos de imagen pública, por omitir sus funciones de guardián de la ley".

Cuando no salen las cuentas, dice, veremos este tipo de medidas.

Salazar advierte que aun cuando la percepción es que está castigando a exgobernadores que ya no necesita, de cualquier manera, manda un mensaje a los gobernadores actuales, porque "ya entra en la ecuación la mala imagen pública de la corrupción".

Salazar advierte que estas desavenencias entre el poder central y los poderes regionales van a seguir siendo parte de la realidad política.

"Los estados son territorios donde no importan las legislaciones que fortalecen la vigilancia y la rendición de cuentas, pues éstas se esfuman por las prácticas anquilosadas de los gobernadores y sus gabinetes, que se dan amplísimas facultades en el manejo de recursos y de poder político", dice Cornejo, del Instituto Mora.

Además, dice Salazar, hay que recordar que "la disciplina histórica priista no se basó nunca en que el presidente pusiera límites a la corrupción. Eso no era parte del acuerdo. Era un pacto político a favor de todos", dice.