En el escenario de un pleito entre la empresa mexicana Tecnología en Medicina y la firma japonesa Atom Medical Corporation Urawa Factory, que se dirime en las Cortes de la nación oriental, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un registro sanitario modificado irregularmente, que favorece la causa de la firma nipona.
La licencia para permitir su comercialización en México apunta a un modelo de incubadora producido por la compañía de la nación del sol naciente, que ya se colocó en un hospital de Puebla.
El problema es que el producto para recién nacidos y neonatos prematuros con control de temperatura e hipotermia neonatal y posibilidad de observación permanente, ya tenía un registro expedido a favor de la empresa nacional en su carácter de comercializadora, como representante en México de la compañía japonesa.
El documento se emitió el 13 de septiembre de 2013, con vigencia de cuatro años, es decir, vencía en septiembre próximo.
El caso es que sorpresivamente la firma Atom Medical le notificó a Tecnología en Medicina el vencimiento adelantado de su contrato de representación, advirtiéndole que éste se cancelaría en tres meses.
El caso es que con fecha distinta, es decir, 6 de septiembre de 2013, con vigencia al mismo día del 2018, un año más, la Cofepris emitió un nuevo registro colocando como distribuidora del producto en México a la firma Viasis, quien había tomado el relevo como representante de Atom Medical.
El problema es que el trámite y su resolución se hicieron a espaldas de Tecnología en Medicina, lo que provocó un reclamó de ésta, en un escenario que la deje fuera de la posibilidad de un contrato de mantenimiento a las máquinas.
De espaldas a la pared, la Cofepris debió expedir una modificación del registro sanitario en el que anotaba ahora como distribuidoras a la propia Tecnología en Medicina y a Viasis, lo que, naturalmente, choca con la ortodoxia.
A contrapelo de la tradicional lentitud burocrática para expedir este tipo de documentos, la Cofepris, en uno y otro caso rompió todas las marcas de voluntad.
La querella planteada en Japón apunta a daños y perjuicios por la cancelación anticipada de la representación, dado que habiendo ganado contratos de venta de los productos de la firma nipona en el Sector Salud, Tecnología en Medicina está obligada a darle mantenimiento a los equipos durante siete años.
En paralelo, la empresa se quedó con un inventario de productos que le pagó a su representante y ahora no puede vender. Naturalmente, la empresa invirtió muchos recursos en la promoción de la mercancía, ya en Congresos Médicos como en presentaciones individuales. En el inaudito de la temporada, hete aquí que hace unas semanas ejecutivos de Atom Medical Corporation le hablaron a la distribuidora para solicitarle la entrega de todos los expedientes a su relevo.
Y háganle como quieran.
La Cofepris en entredicho.
Minimizado por las dos últimas administraciones del Instituto Mexicano del Seguro Social el fardo que representa el faltante de reservas para el régimen de pensiones y jubilaciones de sus propios trabajadores, cuyo monto supera el billón de pesos, ahora se habla de una nueva reforma a la Ley del IMSS para modificar las condiciones.
Se apunta, otra vez, a modificar al alza los años de trabajo requeridos o la edad de retiro de los beneficiarios.
El nuevo escenario, naturalmente, afectaría sólo a los trabajadores de nuevo ingreso.
Como recordará usted, hace una década se realizó una enmienda similar en medio de protestas airadas del sindicato, que obligaron a los legisladores a trasladarse a las sesiones cruciales entre impresionantes operativos de seguridad. De acuerdo al contrato original los trabajadores tienen derecho al retiro al cumplir 25 años de labores en el caso de los hombres y 24 en el de mujeres con una pensión equivalente al promedio de los últimos cinco años.
Aunque la posibilidad de sancionar a las líneas aéreas por demoras atribuibles a sus problemas internos afectaría básicamente a dos: Viva Aerobus y Volaris, la Cámara Nacional de la Industria Aérea está tratando de impedir el cierre del círculo en el Senado por dos vías.
La primera habla de un escenario de tráfico creciente, subrayándose que éste se incrementó en el último año en 10.7%, pasando de 73.2 a 82 millones de pasajeros al año.
La segunda habla de que si finalmente se ratificara la minuta de reforma a la Ley de Aviación Civil, incrementará sus tarifas.
De pasadita, se habla de que en las nuevas configuraciones de los aviones resulta materialmente imposible dar espacio al equipaje documentado y de mano bajo las reglas que se proponen.
Colocadas en la mesa 22 denuncias penales por la Auditoría Superior de la Federación en el caso de los multimillonarios desvíos del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, hete aquí que la Procuraduría General de la Republica mantiene un espeso silencio sobre el destino de éstas.
En el marco, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad está exigiendo a la instancia adscrita a la sección instructora de la Cámara de Diputados el desafuero de los diputados federales inodados.
Estamos hablando de Adolfo Mota Hernández, Noemí Guzmán Lagunes y Alberto Silva del PRI y Édgar Spinoso Carrera del Verde Ecologista.
CRECE FERROVALLE
En los primeros tres meses del año Ferrovalle Intermodal, la terminal interior de contenedores más grande del país, registró un movimiento de 109 mil 781 unidades, lo que implica un avance de 3%.
En cuando a carga, se contabilizaron 231 mil 491 unidades, lo que implica a su vez un salto de 1%. Ferrovalle y su terminal llevan 18 años operando.
RAMíREZ AL RELEVO
Quien acaba de tomar la presidencia de Mexicanos Primero, asociación civil orientada a mejorar la educación en el país, es el presidente de Cinépolis, Alejandro Ramírez, quien toma la estafeta de Claudio X. González. Éste se dedicará de lleno a representar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
FUERA LA CONSTITUCIóN
En un escenario que podría ser emblemático del desprecio a la Constitución, este 26 de abril se le prohibió el ingreso a la Cámara de Diputados al director general de la editorial Plaza y Valdés, Fernando Valdés.
Éste llevaba ejemplares de una Constitución explicada bajo perfil poético que se regalaría a los legisladores.
La editorial, a la vera del centenario de su promulgación, editó una Constitución para niños de la que también se regalaron cientos de ejemplares a los legisladores.
La paradoja es que ninguno de los coordinadores parlamentarios se hizo cargo de la orden de veto.
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