La solicitud de información también se realizó a través del departamento de la Vocería Para Temas de Seguridad, la cual dijo no haber tenido contacto con el titular durante todo el día. (ARCHIVO)
Desde que se dio a conocer la exoneración del exgobernador Humberto Moreira, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se ha mantenido opaca para aclarar dudas al respecto, asimismo el día de hoy evitó dar su postura sobre la presunta vinculación de las autoridades de Coahuila con integrantes del crimen organizado.
Fue durante la mañana que se tuvo contacto con el subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros, no obstante, debido a que buscaba precisar la información, pidió que se regresara la llamada en 5 minutos, sin embargo, fue después de ese lapso que no fue posible contactarlo.
Ante los constantes llamados, respondió una de sus secretarias, la cual manifestó que se encontraba ocupado en una reunión y que se desocuparía en una hora, lo cual tampoco sucedió.
La solicitud de información también se realizó a través del departamento de la Vocería Para Temas de Seguridad, la cual dijo no haber tenido contacto con el titular durante todo el día.
Cabe recordar que desde que se dio a conocer que el exgobernador Humberto Moreira Valdés fue exonerado por el gobierno estatal, la PGJE se ha mantenido en silencio al respecto y ha caído en contradicciones sobre la información.
Además el día de ayer la Agencia Reforma publicó que la Fiscalía Federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles documentos oficiales emitidos por el Gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por la presunta complicidad de la Administración estatal con un grupo de la delincuencia organizada.
Esto se desprendió de una moción para invalidar documentos del Gobierno de Coahuila, en el juicio 5:13-CR-00655-XR seguido en Texas contra Marciano Millán Vázquez, "Chano", presunto exlíder del crimen organizado en Piedras Negras.
Explicó que Millán pidió que se desestimaran cargos en su contra, que incluían asesinato y tráfico de drogas, y presentó documentos emitidos por la Administración coahuilense que sostienen que fue exonerado y que no tienen cargos criminales en su contra.
Sin embargo, el fiscal federal Richard L. Durbin argumentó que Estados Unidos objetaría la autenticidad de cualquier documento expedido por Coahuila.
"El documento es generado por una entidad, el Estado de Coahuila, que se cree que ha sido cómplice del Cártel de drogas Zeta en el tráfico de narcóticos. Los testigos han revelado minuciosos procedimientos relacionados de que todas las fuerzas de seguridad estatales en Coahuila están controladas por el cártel".
