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Amaga tsunami a bancos

Empresa

Alberto Barranco

Al aluvión de denuncias derivadas de la crisis de pagos provocada por la macrodevaluación de diciembre de 1994, se descubrió que el Banco Probursa, ubicado en la mitad de la tabla, jugaba diariamente en las mesas de dinero el escándalo de 2 mil 500 millones de pesos, en un escenario en que la clientela se quejaba de frecuentes minusvalías.

La tarea se orientaba al mercado secundario, a la caza, fundamentalmente, de papeles de deuda pública y privada que perdían precio de costo al fragor de los vaivenes de tasas derivados de una colosal fuga de divisas.

De acuerdo con las "leyes" del mercado, si un bono se coloca a una tasa determinada y surge otro al mismo plazo con un rendimiento mayor, éste se bursatiliza, es decir, cambia de manos, a un menor costo de adquisición.

La generalidad de los papeles emitidos por el gobierno se colocan a un costo de 100 pesos, lo que de acuerdo con el tamaño de la pedrada, podrían cotizarse en 95, 90 y hasta 80.

De acuerdo con el termómetro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la temporada de caza se mantiene intacta, sólo que ahora con la posible colusión de las intermediarias, es decir bancos y casas de bolsa.

El expediente abierto de oficio por la dependencia se perfila como la madre de todas las investigaciones en más de 20 años de existencia.

De acuerdo con lo previsto por la ley, de comprobar responsabilidad en lo que sería una práctica monopólica absoluta, cada una de las intermediarias en la fiesta recibiría una sanción pecuniaria equivalente a 10 % de sus ingresos de un año.

La tabla rasa incluye multas a quienes hayan coadyuvado, propiciada o inducido la comisión de las prácticas. En el caso de personas físicas podría haber cárcel.

La indagación tiene como punto de arranque octubre del año pasado, pero podría caminar 10 años atrás.

De ubicar indicios, la instancia en lucha contra las prácticas monopólicas, emitiría un pliego de presunta responsabilidad, abriendo un capítulo de presentación de pruebas de cargo y descargo.

Como usted sabe, la colocación de papeles de deuda del gobierno federal, Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de la Tesorería (Tesobonos) y demás etcéteras, la realiza el Banco de México por la vía de subastas.

En éstas se determina la tasa de rendimiento que obtendrán los tenedores, cuya gama varía desde fondos institucionales, como pueden ser la de retiro, instancias financieras con derecho de recaudar o personas físicas, en paralelo a instancias como las tesorerías del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE.

La indagación apunta, en principio, a verificar si las pujas son libres o de participación restringida. Además, si en la adjudicación de los bonos hay alguna manipulación.

El mercado de deuda gubernamental alcanza un volumen de 100 mil millones de pesos diarios.

En el secundario se mueven títulos por 6.2 billones de pesos.

Se calcula que 64.8 % de los papeles que se cotizan fueron emitidos por el gobierno federal.

Los bancos más activos en la compra-venta de los bonos son BBVA Bancomer, Santander, Citigroup y Banorte.

Los bancos menos capitalizados no tienen mayor oportunidad de participar en la piñata.

Las casas de bolsa más dinámicas, a su vez, son Acciones y Valores, filial del propio Citigroup e Inbursa, del grupo financiero del magnate Carlos Slim.

Hasta hoy ni el Banco de México ni la Secretaría de Hacienda han externado opinión alguna sobre el asunto, aunque se sabe que internamente están tratando de participar en la pesquisa, dadas sus facultades… quizá para no salir descalabrados.

El escándalo podría alcanzar todo decibeles si se considera que podría salpicar a los 39 millones de cuentas individuales de los usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro.

De acuerdo con la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la Secretaría de Economía se erige como garante de que los organismos cumplan a cabalidad sus funciones de representación, lo que implica equidad en los procesos electorales para designar un integrante del Consejo Directivo.

El caso es que en el caso Concanaco la dependencia encabezada por Ildefonso Guajardo ha cargado los dados a favor de la directiva actual encabezada por Enrique Solana, frente a cuestionamiento de corrupción.

De hecho, dos exempleados de la dependencia se han integrado al organismo con la finalidad de reforzar la trinchera. Estamos hablando de Miriam Souza, quien ha sido nombrada directora de Atención a Cámaras y Mónica Paredes, como directora Jurídica.

Hay voces que aseguran que el salario corre a cargo de la dependencia.

Como usted sabe, al serle negado su registro para candidatos a la presidencia de la Confederación, Juan Carlos Pérez Góngora logró un amparo que impide la celebración de la asamblea electiva del organismo, colocando en paralelo una denuncia penal por presunto desvío de recursos públicos y conflicto de intereses.

Colocada en el Senado la minuta aprobada en la Cámara de Diputados en reforma de ley para permitir sancionar a las líneas aéreas por deficiencias en el servicio, la cargada del cabildeo de éstas intenta congelar la posibilidad.

Entre los puntos aprobados está la exigencia de indemnizar a los usuarios por retrasos de arribo o despegue imputables a las empresas.

Lo cierto es que la catarata es inmensa.

Desde tarifas abusivas cuando existen monopolios en la plaza; negativa de devolución de dinero pagado al cancelarse un viaje; sobreventa de asientos, cierre anticipado de vuelos…

La Cámara Nacional del Transporte Aéreo está buscando legisladores que se presten a bloquear el punto final del proceso legislativo.

Ayer en el Club de Industriales se presentó una obra de cinco volúmenes titulada Brics, el difícil camino entre el escepticismo y el asombro, en cuyo marco reaparecerá en escena el exembajador de México en Canadá, Francisco Suárez Dávila.

Los presentadores fueron también Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés, del Instituto en Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Eugenio Anguiano, exembajador de México en China; Carlos Heredia Zubieta, del Centro de Investigación y Docencia Económica, además del coordinador de los tomos, Arturo Oropeza García.

El Brics es un bloque comercial, algo así como un TLC, integrado por China, la India y Brasil.

Justamente en la posibilidad de que creciera éste con algunos otros países sudamericanos con gobierno de izquierda y otros asiáticos, es que se planteó en Estados Unidos la posibilidad del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica.

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