Tres generales y un coronel ingresaron ayer lunes a una cárcel para condenados por violaciones a los derechos humanos por el secuestro y desaparición en 1987 de cinco guerrilleros izquierdistas, los últimos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez Mario Carroza recordó que los secuestrados fueron lanzados desde helicópteros del ejército al mar, en la costa central de Chile. El magistrado no difundió las identidades de los nuevos residentes de Punta Peuco, un penal ocupado sólo por criminales de lesa humanidad.
La Corte Suprema ratificó el 21 de marzo las condenas dictadas por Carroza contra los tres generales y el coronel que integran un grupo mayor de 33 militares, ahora jubilados, por su responsabilidad en el secuestro de los militantes del guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Carroza precisó que los condenados empezaron a ser notificados la semana pasada que deben empezar a servir sus penas: de los 33, dos cumplirán penas de presidio de 15 años; 21 de 10 años; nueve de cinco años y uno lo hará bajo libertad vigilada porque su pena es de tres años. En el grupo de condenados, hay una mujer que será encarcelada en el penal femenino de Santiago.
El juez recordó que "alrededor de 22 a 23 personas" serán encarceladas por el secuestro y las desapariciones ya que los restantes se encuentran en Punta Peuco cumpliendo condenas por otros crímenes de lesa humanidad.
