Por fin una autoridad las pondrá en su lugar luego de tantos años de arrogancia, abusos e indolencia.
En esta ocasión no nos referimos a la PGR que ha sido incapaz hasta el momento de enjuiciar a las esposas de exgobernadores corruptos, empezando con la compañera de Javier Duarte.
Tampoco hablamos de los gobiernos estatales que en los últimos años han roto récords en cuanto a su nivel de complicidad, ineficiencia y dolo para vigilar los recursos del erario y en especial las uñas de sus altos funcionarios.
En esta ocasión hacemos mención nada más y nada menos que de los diputados federales quienes sorpresivamente se pusieron las pilas para poner en orden a uno de los sectores de empresas más odiados y despreciados por los consumidores mexicanos.
Son esas compañías que en los años recientes se convirtieron en acérrimos rivales de sus clientes y que lejos de prestar sus servicios con eficiencia, prontitud y economía, han optado por esquilmar a los consumidores cuantas veces les es posible.
Seguramente usted ya descubrió que hablamos de las aerolíneas mexicanas, empresas que con sus contadas excepciones son caras, abusivas y altaneras.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta semana dos dictámenes de reformas para ampliar los derechos de los usuarios de las compañías aéreas.
Esperamos que sea sólo el principio de reformas más profundas en donde finalmente se tome en cuenta a los personajes clave de toda empresa privada y pública: sus clientes.
Por lo pronto se obligará a las aerolíneas a compensar con descuentos a los pasajeros en caso de demoras de vuelos por culpa de las empresas y de ofrecer transporte, hospedaje y alimentación cuando sean cancelaciones.
Además ya no será necesario pagar 700 pesos por el derecho a una maleta de 25 kilos y en caso de una demora mayor a cuatro horas, la empresa cubrirá por lo menos el 25 por ciento del monto del vuelo en cuestión.
Tales acuerdos deberán ser aprobados por el Senado en breve para entrar en operación, esperamos que los legisladores de la cámara alta no sean presionados ni sobornados para dar al traste con estos cambios legales.
Por cierto, no les fue tan mal a las aerolíneas porque a cambio de estas mínimas obligaciones para sus clientes, se autorizó un aumento del 25 al 49 por ciento en la inversión extranjera. Ahora podrán asociarse con los gigantes de la aviación mundial sin perder el control de sus negocios.
Tenemos la oportunidad de viajar con frecuencia en México y en el extranjero y hemos visto en los últimos años el deterioro del servicio de las aerolíneas nacionales. Algunas dicen cobrar barato sus boletos, pero en cambio se sirven con la cuchara grande en otros rubros que le cargan al cliente, en ocasiones sin su consentimiento.
Para cambiar o cancelar un vuelo los costos son salvajes y no se diga cuando intenta usted llevar una maleta extra.
Para colmo los espacios de los asientos son cada vez más reducidos y salvo en primera clase, las aerolíneas cobran y muy bien por alimentos, bebidas e incluso por el agua embotellada.
El sistema de tarifas es engañoso y truculento. Hay una aerolínea que detecta cuando buscas un vuelo por Internet y te incrementa el costo sin misericordia cada vez que lo consultas.
Existe una línea norteamericana que no incrementa sus tarifas en días previos al vuelo, que autoriza dos maletas gratis por pasajero, que permite cancelar sin costo hasta con 10 minutos de anticipación y que además no cobra por el asiento. Ah, tampoco por los refrescos y el agua.
Es cierto, las aerolíneas mexicanas se destacan por la seguridad en sus vuelos, pero no por ello tienen derecho a exprimir y maltratar a sus clientes cuando son ellos quienes han apoyado el crecimiento notable de estas empresas.
Ya es hora de que los pasajeros pongan las condiciones y no al revés.
NOTA FINAL
Fue una semana agitada y convulsa en donde una vez más la agenda nacional fue marcada por la estela de corrupción y arbitrariedad que ha dejado la casta dorada de exgobernadores mexicanos. ¿Pero cuántos de los que ahora están en funciones han caído en los excesos de sus antecesores? ¿Quién vigila, pues, a los mandatarios estatales en turno que acumulan poder, riquezas e impunidad?
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