Inició el proceso electoral en Coahuila y los municipios, particularmente por su importancia Torreón, y los candidatos exponen su oferta política a los ciudadanos; en ella se refleja, aún, una visión fragmentada, pragmática, de los candidatos, en contraparte de lo que podríamos definir como una visión integrada, inmersa en un paradigma que contemple no sólo de manera enunciativa diversos tópicos que en este momento tienen relevancia, sin menospreciar que éstos constituyen demandas ciudadanas como los cuestionamientos a la corrupción e impunidad, la inseguridad y la violencia, la generación de empleo, servicios públicos e infraestructura, por mencionar los más abundados en sus respectivas agendas.
Ciertamente, una agenda reúne la visión de los candidatos, sus equipos de campaña y de los propios partidos políticos, la cual, se supone, incorpora en ella las demandas o propuestas que los ciudadanos exponen en el propio devenir del proceso electoral, elementos clave que después se agrupan e incorporan en los planes de gobierno por aquellos que resultan electos.
Pero agrupar aquellos elementos que servirán de soporte de una política pública local, sea estatal o municipal, no implica integrar esa visión puesto que ésta debiera partir de un ejercicio previo sobre el concepto de desarrollo que se tiene y el cual se pretende promover una vez que se gobierna. Podremos decir que vamos a crear más espacios, vialidades o equipamientos públicos, pero si éstos no forman parte de una visión sobre el tipo de estado o municipio que se aspira a construir, denota ese pragmatismo mencionado.
Habrá que entender que la agenda se construye como un esfuerzo en el que se conjuntan los intereses de la diversidad de actores involucrados en el proceso, que a su vez son aquellos que forman parte de la sociedad, son y representan los intereses de una parte de ésta. El gran reto de los gobiernos democráticos es que puedan conjuntar esa diversidad de intereses anteponiendo el interés general, el interés público, al interés privado.
Lo anterior sólo será posible en aquellas sociedades donde se practique un ejercicio ciudadano amplio, democrático, puesto que los ciudadanos tenemos un interés sobre los asuntos públicos, sobre aquellos asuntos que nos benefician o perjudican y que, a su vez, están vinculados a nuestro interés privado. Es en esto donde se define la relación entre sociedad política y sociedad civil, donde se construye la democracia.
Nos interesa dónde, cuándo y cómo se ejerce el gasto público porque los recursos utilizados para tal o cual obra, programa social u otro destino, son recursos que aportamos los ciudadanos y transferimos la responsabilidad de administrarlos a los servidores públicos, por ello los ciudadanos tenemos derecho a proponer y decidir el destino de esos recursos. En sociedades no democráticas la decisión recae unilateralmente o se simula un ejercicio democrático por parte de los gobernantes, derivando en la aplicación de políticas y recursos públicos marcados por la opacidad, algo que inevitablemente hace suponer actos de corrupción y, como ocurre comúnmente en México, también de impunidad.
En una sociedad donde no existen mecanismos legales y legítimos mediante los cuales los ciudadanos propongamos e incidamos en la toma de decisiones sobre la definición y aplicación de políticas y recursos públicos, lo anterior se dificulta más. En aquellos estados o municipios donde no existan figuras como la iniciativa popular, el presupuesto participativo u otras, existe un vacío en la relación entre gobernantes y gobernados, vacío que facilita los actos señalados, y si a esto se agrega la ausencia de otros como la revocación de mandato, el plebiscito o referendo, pedir rendición de cuentas resulta un camino sinuoso y en ocasiones arriesgado para aquellos ciudadanos que cuestionan los actos de gobierno.
Por ello los candidatos deben incluir en sus ofertas electorales como van a relacionarse con los ciudadanos, no sólo con aquellos que forman parte de su partido o que votaron por ellos, el ejercicio de gobierno no es sólo para éstos ya que una vez concluidos los procesos electorales debe extenderse para el resto de aquellos que votaron en contra o ni siquiera acudieron a votar. Finalmente, el gobernante es sólo un facilitador temporal de la vida pública, alguien que no tiene un poder patrimonial sobre los recursos públicos, sobre el propio poder público, accede a este para servir y no para servirse.
La forma en que los gobernantes se relacionen con los ciudadanos debe traducirse en la definición de esquemas o modelos de gobernanza, de instrumentos y mecanismos a través de los cuales se dé una participación en la toma de decisiones entre unos y otros, que priorice el interés público, que sus políticas públicas sean políticas ciudadanas. He ahí el dilema que atraviesa el ejercicio de gobierno en diferentes escalas en nuestro país, denotándose un distanciamiento claro entre gobernantes y gobernados.
Las elecciones son oportunidades que los aspirantes a cargos públicos tienen de mostrar en sus ofertas electorales su visión sobre la realidad en que ejercerán su responsabilidad como futuros gobernantes, y es esta la que deben vendernos a los ciudadanos para que sus propuestas tengan un sentido más allá de agrupar demandas de manera pragmática, aportarían más en la construcción de la democracia, frágil aún, de nuestro país, estado o municipio. Ojalá escalen esa fragmentación.
