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Emboscan y matan de 15 disparos a periodista en Baja California

Rodríguez Palacios, de 73 años, fue vocero del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia del estado, además trabajó como corresponsal de El Heraldo y Excélsior. (ESPECIAL)

Rodríguez Palacios, de 73 años, fue vocero del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia del estado, además trabajó como corresponsal de El Heraldo y Excélsior. (ESPECIAL)

AP

La prensa en México volvió a ser objetivo de los criminales. Un reportero fue asesinado a tiros el viernes en La Paz, al sur de la península de Baja California, en lo que supone el sexto ataque a periodistas en mes y medio, el cuarto que conlleva la muerte de un informador y el segundo que tiene lugar en ese estado del noroeste del país.

Un funcionario estatal de Baja California Sur que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones confirmó la muerte de Maximino Rodríguez, encargado de las noticias policiacas en un portal de internet de información local llamado Colectivo Pericú.

La web de esta organización, que fue la primera en informar del suceso, señala que el reportero fue atacado a tiros a mediodía del viernes en el estacionamiento de una tienda a la que acudió con su esposa. Su cadáver quedó en el interior del vehículo y su mujer resultó ilesa.

"Los autores del atentado abrieron fuego contra el reportero desde una camioneta pick up de color blanco, sin que al momento se tengan mayores características de los mismos", dice el portal.

Con el homicidio de Rodríguez son cuatro los periodistas asesinados desde principios de marzo, a los que hay que añadir otros dos ataques: uno a un reportero también de Baja California Sur, que salió ileso pero murió su escolta, y el otro a un comunicador de Veracruz que quedó herido de gravedad.

El 28 de marzo, en Los Cabos, un enclave turístico cercano a La Paz, fue atacado a tiros en su casa el periodista Julio Omar Gómez, que solía dirigir un sitio de noticias por internet y actualmente trabaja para el departamento de prensa de la ciudad. El reportero, que ya había sido blanco de dos ataques previos, salió ileso pero murió el guardaespaldas que el gobierno le había proporcionado tras denunciar las amenazas.

Hace tres semanas, el 23 de marzo, Miroslava Breach, reportera del periódico La Jornada, fue asesinada a balazos fuera de su casa en la ciudad norteña de Chihuahua. El columnista Ricardo Monlui corrió la misma suerte el 19 de marzo en Veracruz y el 2 de marzo mataron a Cecilio Pineda Brito, un periodista independiente en el estado sureño de Guerrero.

Además, Armando Arrieta, que trabajaba como editor de noticias para el diario La Opinión de Poza Rica, Veracruz, fue tiroteado el 29 de marzo. No perdió la vida pero sufrió heridas graves.

Las autoridades se han declarado preocupadas por la situación que se está viviendo. "El grado de violencia es algo que nos preocupa y sé que el gran componente es dar una respuesta, que no haya impunidad", reconocía a finales de marzo Sara Irene Herrerías, subprocuradora general para los derechos humanos.

Sin embargo, las organizaciones que trabajan por la libertad de expresión insisten en que es precisamente la impunidad el mayor problema

Según la fiscalía especializada en estos delitos, creada en 2010 y dependiente de Herrerías, entre 2000 y 2017 ha habido 114 homicidios de periodistas, de los cuales el departamento ha investigado 48 pero solo existen tres sentencias, informó la Cámara de Diputados en un comunicado tras una sesión sobre el tema el pasado 5 de abril.

Para Carlos Lauria, director del programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas México es uno de los países de la región más peligrosos para la prensa y vive una situación alarmante. "Va y viene en oleadas, pero la realidad es que en especial para los periodistas que trabajan fuera de la Ciudad de México, los niveles de violencia no tienen precedentes", apuntó.

Antes de conocer el asesinato de Rodríguez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había anunciado reuniones con las fiscalías o las unidades especializadas en libertad de expresión de los estados para "intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas".

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