Para nadie fue una novedad que Tomás Yarrington fuera acusado de estar involucrado con el crimen organizado; era algo que sabíamos desde años atrás. Lo que sí podemos decir que fue una agradable sorpresa es que lo apresaran, porque aquí nadie lo iba a acusar y si lo acusaban nadie lo iba a encontrar.
No es por supuesto una cuestión de si nuestros policías son más o menos buenos que los de otros países. Seguro no son los mejores del mundo, pero el ridículo que hacen tiene mucho más que ver con la voluntad de no perseguir los delitos de la clase política y de nunca encontrar a los que, por algún extraño motivo, caen de la gracia presidencial y tienen que ser perseguidos.
La novedad de este sexenio es que algunos gobernadores han caído de la gracia y han sido señalados por corrupción. Estoy seguro que esto obedece mucho más a la necesidad del sistema de encontrar chivos expiatorios que a una voluntad real de hacer justicia. Que sean chivos expiatorios no significa que sean inocentes sino simple y llanamente que el barco se está hundiendo y los de primera clase, ahora el gobierno federal, han decidido sacrificar al piso de abajo.
¿Cuánto tiempo tardará el agua en llegar a los de arriba; cuándo veremos a secretarios de Estado, procuradores, senadores, magistrados rendir cuentas ante la justicia? Si hay algo evidente es que el crimen organizado ha contado con el apoyo de estos personajes y que los gobernadores, todos estos perseguidos y los que están por caer, tenían apoyos y relaciones en la clase superior.
Todos los países que han pasado por procesos de corrupción política tan amplios como el nuestro, pienso particularmente en Colombia e Italia y años antes en Estados Unidos, iniciaron su transformación hacia la justicia dando fortaleza e independencia al procurador o fiscal y sobre todo al Poder Judicial.
No serán los diputados y senadores vinculados con el sistema de corrupción, sea a través de sus propios partidos o de los intereses económicos que los respaldan, los que harán las reformas de fondo que el país requiere en materia de justicia. Lo que hemos visto en el caso de la aplicación del sistema nacional anticorrupción no es sino el miedo colectivo de una clase política incapaz de dar un paso al frente a favor de la persecución de la corrupción, porque sus intereses y los de su partido o camarilla política están de por medios.
Es horrible pensar que la justicia en nuestro país se hará desde el extranjero, desde Estados Unido o Italia, pero esa justicia imperfecta es mejor que la ausencia total de justicia y puede ser el impulso que falta para que la sociedad civil ponga contra las cuerdas a la clase política corrupta.
